La presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, reiteró que en Venezuela se violan «todos los derechos humanos al mismo tiempo».
Durante su participación en el encuentro virtual «Estatus de la violación de DDHH en Venezuela», la parlamentaria calificó de «terribles» los crímenes de lesa humanidad documentados y entregados a la Corte Penal Internacional (CPI).
«Tengo el honor de representar a cerca de 200 víctimas que han presentado sus casos ante la CIP, que van desde el asesinato hasta la tortura contra una población determinada y por razones determinadas», dijo.
Solórzano participó en el foro junto a Elisa Trotta, representante de la Asamblea Nacional en Argentina; Brian Shapira, consejero académico de CADAL y Rafael Uzcátegui, director de la ONG Provea.
Aseguró que «hay fundadas razones para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Paralelamente el régimen de Maduro está señalado de narcotráfico y terrorismo, es decir, estamos bajo el yugo de una dictadura militar, acusada de narcotráfico y terrorismo».
Solórzano calificó igualmente de «vergonzosa» la decisión del presidente de Argentina de retirar la demanda ante la CPI, «eso viola los principios de cualquier nación que haya pasado por una dictadura como es el caso de Argentina, es parte de la estrategia del régimen para tratar de demostrar que los delitos que se han cometido en Venezuela son violación de derechos humanos y no crímenes de lesa humanidad».
-Sabemos que eso no está avalado por la nación de Argentina, una nación que ha sido víctima de una dictadura y de violaciones de derechos humanos, eso no representa el sentir de ese pueblo hermano que le ha abierto los brazos a los venezolanos que han huido de la dictadura.
Por su parte Rafael Uscátegui, director de la ONG Provea, aseguró que el régimen busca normalizar la crisis en el país, «que desaparezca de los titulares la situación de violación de los DDHH».
«En Venezuela no han ido desapareciendo esas violaciones, como dijo Fernández, por el contrario se han agravado con la llegada del coronavirus», puntualizó.
Dijo que están a la expectativa de que se inicie la fase de investigación de la CPI, «sería una decisión histórica porque sería la primera vez que la Corte Penal Internacional abre una investigación en Latinoamérica».
Uzcátegui aclaró que para ellos – la ONG- que se han reunido con el comisionado designado en Venezuela «podemos decir que es insuficiente la presencia de la Comisión de Derechos Humanos para detener la violación de derechos humanos».
«A pesar de la presencia del alto Comisionado la situación se ha ido agravando en cuanto a derechos humanos. El coronavirus ha sido una oportunidad para aplicar mecanismos de control sobre la sociedad», indicó.
Enumeró que desde le llegada del COVID-19 han sido detenidos 123 líderes de la oposición, 68 trabajadores de medios de comunicación, 27 defensores de la sociedad civil, «todos son quienes han venido visibilizando la crisis durante la pandemia».
NOTA DE PRENSA
