Las organizaciones Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana (Fundeci), Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), Foro Penal, Nueva Conciencia Nacional, Centro Venezolano para la Democracia, Unidos por la Vida, Mujeres Pariendo Libertad, y diputados del Consejo Legislativo por la Unidad Aragua, protestaron frente al Tribunal de Ejecución del estado Aragua, para exigir a la juez Ada Marina de Armas que respete la Constitución y las leyes para decidir sobre la medida humanitaria a Iván Simonovis.
Elenis Rodríguez, presidenta de Fundeci, exhortó a la magistrada a rectificar la decisión, «tomada sobre la base de un informe forense amañado» donde ordena que una nueva junta médica conformada con galenos del Hospital Militar examine a Simonovis.
«Cuando digo amañado es porque la juez Ada Marina de Armas ordenó a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público practicar el examen de rigor que la ilustraría para ordenar o no la medida humanitaria y este se realizó el día 16 de agosto, pero presumimos que la fiscal Luisa Ortega Díaz lo engavetó dado que, en fecha 12 de septiembre envió al doctor Arrieta, subdirector de Derechos Fundamentales y a la médico Raiza Mármol para que se le practicara nuevamente examen forense al Comisario Simonovis», precisó.
Aseguró que existen elementos suficientes para que la juez otorgue el beneficio de la medida humanitaria al ex secretario de Seguridad Ciudadana, «tomando en cuenta que estuvo a punto de morir el pasado 26 de Julio, cuando fue sometido a una intervención quirúrgica por presentar apendicitis».
Rodríguez afirmó que la conducta de la juez de no valorar el escrito consignado en fecha 13 de septiembre por los abogados de Simonovis, donde solicitaban oficiara al Ministerio Público a los fines de que enviaran el informe forense realizado por el Dr. Fossi en fecha 16 de agosto y se pronuncia sobre la base de un informe posterior, «demuestra que estamos en presencia de una denegación de justicia por la conducta contraria a los deberes que las leyes procesales imponen a los administradores de justicia, en lo que se refiere a la resolución de un caso, sus plazos y trámites».
Destacó que las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos en especial a los presos, perseguidos y exiliados políticos seguirán en la calle hasta alcanzar la justicia.
Fuente: El Universal
