Este viernes una nueva marcha integrada por estudiantes, miembros de la sociedad civil, de los parlamentarios a la Asamblea Nacional y de la Mesa de la Unidad en la región, llegó a la sede del Palacio de Justicia de la ciudad de Barcelona, para reclamar la libertad plena de los detenidos durante las manifestaciones que se han llevado a cabo en el estado Anzoátegui.
Hasta ayer quedaban 44 manifestantes privados de su libertad, de los cuales 11 son menores de edad, incluidas 4 jóvenes de 15 y 17 años respectivamente, que fueron maltratadas en sus partes íntimas, denunció el diputado Omar González, aunque aseguró que no presentan signos de violaciones.
Desde la Casa del Abuelo, en la ciudad capitalina, marcharon hasta la sede judicial. Ya en la tarde en los tribunales, la secretaria general de la MUD, Maury Rodríguez, leyó el documento a ser entregado a la presidenta del Circuito Judicial del estado, en el cual se expone que «la Constitución nacional no es respetada por las autoridades venezolanas, electas unas y designadas otras. No se respeta la Carta Magna cuando se pretende establecer un sistema político distinto al democrático previsto en sus contenidos», reza parte del escrito.
Rodríguez agregó que «se le vulnera el derecho al libre tránsito a los miembros de la oposición y, se imputa a sus participantes el delito de asociación para delinquir si se reportan hechos que lamentar por la polarización, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 67 del texto fundamental. Se le irrespeta cuando se exige para manifestar el requisito previo del permiso y adicionalmente las autoridades que asisten van armadas, vulnerando el artículo 68 de la Constitución.
Maury Rodríguez enumeró las violaciones referidas a la designación del Contralor General de la República, al artículo 255 alusivo al ingreso a la carrera judicial, la continuación en el poder de los rectores electorales que tienen sus períodos vencidos y, a su vez añadió que en Venezuela se está criminalizando la protesta.
«Señores jueces, ustedes son padres y madres y, la Constitución nos garantiza el derecho a disentir y lo estamos ejerciendo como lo hicieron nuestros ciudadanos margariteños detenidos en Puente Ayala y, nuestros compañeros detenidos en días pasados. Ninguno merece estar en prisión injustificadamente y por eso solicitamos acuerden libertad plena de todas estas personas», adujo.
Por la aglomeración de los manifestantes, policías y guardias nacionales rodearon desde temprano el Palacio de Justicia, pero no confrontaron al grupo de manifestantes.
Se determinó que el caso de los 11 menores de edad que está en el Tribunal de Menores a cargo de Manuel Natera, sería decidido en horas de la tarde de ayer y que no los trasladaran como delincuentes ordinarios.
En cuanto a los detenidos que permanecen en el penal de Puente Ayala, el diputado Omar González y su colega Marcos Figueroa, se trasladarán a la isla de Margarita a solicitar que nuevamente sean llevados a esa región, por cuanto en Anzoátegui no pueden ser procesados ya que el expediente está en un tribunal ordinario del estado Nueva Esparta.
De no concretarse las solicitudes de libertad de los protestantes, la sociedad civil de Anzoátegui no descarta nuevas movilizaciones de calle.
El Universal