Ante el alerta de invasiones en terrenos privados en las adyacencias del embalse La Mariposa, la diputada del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, Clara Mirabal, afirmó que las denuncias presentadas por los vecinos del municipio Los Salias agravan la situación ambiental del principal reservorio de agua de la zona central del país, al tiempo que reiteró su llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio del Ambiente a presentar los resultados del informe que se elaboró desde el 2012 sobre la contaminación de la represa.
Indicó que desde el año 2009, en su condición de diputada de los Altos Mirandinos y presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional, Turismo y Recreación, Infraestructura, Ecología Ambiente y Tierras del legislativo para esa fecha, conjuntamente con la Dirección Regional de Ambiente y las alcaldías Los Salias y Carrizal, presentó diversos informes ante la cámara sobre la grave situación del embalse y la necesidad de implementar un plan integral de saneamiento de La Mariposa, la modernización y adquisición de las plantas de tratamiento, el dragado superficial y profundo y el retiro de la Flor de Jacinto (Bora), debido al estado de contaminación del mismo, que pone en riesgo la salud de más de 2 millones de personas.
En este sentido, señaló que los planteamientos presentados por los habitantes de San Luis y San Rafael sobre los rumores de construcción de un proyecto habitacional en la zona empeorará el estado del embalse, que surte del vital líquido al 94% de la población de los Altos Mirandinos y el 14% del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la cantidad de aguas servidas que se vierten en La Mariposa, que es un área protegida y bajo la responsabilidad del Ministerio del Ambiente.
Indicó Mirabal que desde el parlamento también ha alertado sobre el deterioro de los espacios adyacentes a la represa, producto de las prácticas de santerías, la proliferación de la bora, aparición de animales muertos, basura y mal estado de la vía; aunado a la falta de mantenimiento de los equipos que permiten el proceso de purificación del agua, que de acuerdo a los estudios presentan restos provenientes de la basura, heces fecales, fertilizantes desechados en el agua.
Finalmente, reiteró que el Gobierno Nacional tiene la obligación de garantizar a la población el agua potable, lo cual está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 127 y 304, así como en la Ley de Aguas, la Ley Penal del Ambiente, la Ley Orgánica del Ambiente, entre otras normativas legales.
Nota de Prensa