El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo (2004 – 2007) ha aceptado en el juicio una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública en relación con la ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.
En la vista que ha dado comienzo este lunes en la Audiencia Nacional, Alejo Morodo ha aceptado, por su parte, una pena de dos años de cárcel por dos delitos fiscales, al igual que su padre en virtud de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el colectivo Manos Limpias.
La Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo, pero finalmente ha rebajado su solicitud en aplicación de dicho pacto al aplicarles las circunstancias atenuantes de confesión de los hechos y de reparación del daño al haber ingresado ambos un total de 1.410.000 euros de la deuda contraída con Hacienda.
El juicio continuará respecto a la esposa de Alejo Morodo, Ana Catarina Varandas, para quien la Abogacía del Estado ha retirado la acusación, pero que se enfrenta a una petición de ocho años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía y sigue también acusada por Manos Limpias.
El dinero se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades
El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos; uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.
El sistema empleado por el hijo del exembajador y en el que habrían participado los otros acusados consistió en «interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente» los «supuestos servicios» de asesoramiento legal y consultoría que habría prestado entre 2011 y 2014. De esta forma eludía tributar por IRPF y lo hacía por el Impuesto de Sociedades, más beneficioso.
La Fiscalía, que solo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos, sostiene que Raúl Morodo también defraudó las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.
El origen de los fondos que Alejo Morodo presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con la empresa PDVSA hasta 2014, sirviéndose de las relaciones que su padre entabló con «altos cargos» de Venezuela en su época de embajador durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
La actividad prestada para PDVSA, según la Fiscalía, le reportó más de 6,6 millones de euros, «de los que en parte» se benefició Raúl Morodo.
Anticorrupción describe a lo largo de su escrito el sistema de cobro de fondos de PDVSA por las empresas «interpuestas» de Alejo Morodo y el cruce de transferencias entre estas y su padre, y también menciona la sociedad que ambos crearon en 2007, Morodo Abogados, «carente de medios personales y materiales, así como de actividad comercial» con «idéntico fin» de interponerla para «desplazar la carga fiscal».
Esta sociedad declaró entre 2013 y 2014 ingresos por 467.832 euros «desconociéndose» los servicios que prestó, ha explicado la fiscal.
