Lograr financiamiento para la siembra en el campo ha sido, en los últimos años, una de las mayores dificultades que atraviesan los productores agrarios para recuperar e incrementar la producción.
Este escenario, según advierte la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), ha sido caldo de cultivo para que emergieran mecanismos para la obtención de recursos económicos que poco favorecen en la realidad al agroproductor.
Sobre todo a los pequeños y medianos que carecen de recursos propios para invertir en sus cosechas y que tampoco tienen acceso a créditos a través de la banca.
Entre estos mecanismos que emergieron, sobre todo en estados líderes en la producción agraria como Portuguesa, Guárico o Cojedes, está la figura de las asociaciones de productores.
Según el director general de Fedeagro, Roberto Latini, se trata de organizaciones que funcionan como “bancos de segundo nivel” donde se desconoce el origen de los fondos que usan para financiamiento pero que, desde la época de la pandemia, han proliferado en las regiones agrícolas del país.
Estas asociaciones de productores, explica Latini, ofrecen recursos al productor en forma de insumos como químicos, semillas, fertilizantes y en muchos casos dinero en efectivo para pagos de nómina y gastos operativos.
El costo que paga el agroproductor es alto, ya que la devolución del financiamiento tiene una condición: está obligado a entregar por completo su cosecha a la asociación.
El vocero gremial explicó que estas asociaciones “se establecen en un sitio y empiezan una campaña para darse a conocer con este tipo de financiamiento y el productor, ante la imposibilidad de ir a la banca tiene que acudir a ellos”.
Muchos productores optan por acudir a este tipo de asociaciones, “a veces bajo engaño, a veces porque creen que realmente serán beneficiosas para ellos en algo”.
«Crédito» pagado en especie
Fedeagro advierte que este tipo de asociaciones han proliferado sin control o supervisión en las zonas agrarias del país y que, además, al momento de solicitar el retorno de la inversión en el campo, condicionan al productor a tranzar solo con el producto cosechado en su totalidad.
“La contraparte de ese capital que invierten es solicitar la paga con la producción total de maíz, arroz o con el cultivo de lo que se esté produciendo”, afirma Latini.
En cuanto a las tasas de interés, las asociaciones de productores no reportan al productor el monto del crédito en monedas sino en kilogramos del producto sembrado.
“Al final del ciclo, cuando se evalúa la producción total con respecto al valor del mercado, en ese momento es que el productor se da cuenta de lo que ha pagado por el financiamiento y ahí es también cuando descubre que hay tasas de interés de hasta 25% sobre el valor monetario, ya que esto no se le dice explícitamente al productor sino que se maneja internamente en la asociación”, explica el vocero.
El productor sabrá lo que deberá pagar solo cuando reciba una liquidación del proceso, lo que ocasiona que las mayores ganancias las obtenga la asociación.
Para explicar el mecanismo, Latini ejemplifica: “Si, por ejemplo, la empresa otorga un crédito por un valor de 1.000 dólares y lo contabiliza en maíz, esa contabilidad no la hace al valor del mercado sino a un valor inferior, así como pasa con el dólar BCV y el dólar libre, siempre hay un diferencial. Es decir, si dan un crédito a tasa BCV, el productor deberá dar más kilos de su cosecha para pagar el mismo valor y si te lo pongo a tasa libre son menos kilos”.
Este mecanismo, según Fedeagro, originó situaciones adversas a los pequeños y medianos productores y compromete su patrimonio.
“Se dieron situaciones en las que este tipo de empresas o asociaciones hicieron embargos a las fincas de estos productores cuando la producción no fue suficiente para honrar el compromiso, entonces ejecutaron acciones judiciales, algo que nunca se había visto en la región”, dijo.
Afirmó que se trata de una estrategia financiera que calificó como un engaño al productor que le significa un gasto y un costo más alto.
El gremio afirma que ha realizado advertencias al respecto, pero esto no ha frenado la proliferación de este tipo de empresas ni ha generado tampoco algún pronunciamiento del Estado.
“Se trata de asociaciones dispuestas a financiar con ingentes cantidades de dinero”, pero también han demorado pagos correspondientes a los productores con retrasos entre seis meses hasta un año, lo que deja con pocas posibilidades al trabajador del campo de seguir haciendo siembra.
A «propio pulmón»
Las llamadas asociaciones de productores no son el único mecanismo que existe para financiamiento. Desde Fedeagro indicaron que también existe un pequeño grupo de productores que trabaja “a pulmón” o con recursos propios a quienes, de alguna forma, el mecanismo les resulta productivo y les reporta una utilidad que pueden reinvertir para seguir operando.
También hay un grupo que permanece dentro de organizaciones tradicionales y formales, bajo el esquema tradicional, en el que el retorno de la inversión o crédito se refleja con el monto del crédito solicitado.
“Con las dificultades para obtener financiamiento, lamentablemente mucha gente ha salido de la actividad de producción agraria y está rentando sus fincas, sus parcelas o eventualmente vende una de sus maquinarias. Salen de un activo y puede invertir en el próximo ciclo, pero esas personas que están haciendo esto eventualmente van a tener que bajar la Santamaría”, advirtió Latini.
En la segunda semana de enero de 2024, desde el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras hicieron el lanzamiento del Plan Agrícola que prevé implementar la administración gubernamental para este año, en el cual estiman la producción de más de 23 millones de toneladas de materia prima, según indicó el ministro de la cartera agraria, Wimar Castro Soteldo.
El Ministro indicó que la meta es “una producción de 23.813.766 toneladas de materia prima para la industria y el consumo fresco del país”.
El Nacional
