La acumulación de leyes para regularizar la actividad económica a lo largo de los años ha comprobado ser un camino erróneo para la promoción de la actividad económica, y a su vez ha propiciado el surgimiento de nuevas irregularidades a medida que se incrementan los requisitos de todo tipo al emprendimiento local.
La necesidad de contar con solvencias ante distintos organismos para realizar trámites comunes, por ejemplo, es una de las condiciones que ha afectado a gran cantidad de empresas, que hoy en día dedican una cantidad importante de tiempo a mantenerse al día con toda la institucionalidad que controla y fiscaliza la actividad privada.
La suspensión de la más reciente subasta del Sicad, cuando se esperaba que el sistema de subasta de divisas aumentara el monto de liquidación a la cantidad de 220 millones de dólares, fue justificada por el Banco Central de Venezuela con base en irregularidades generalizadas en las órdenes de compra. El caso constituye un ejemplo de lo arriba señalado, debido a que hasta última hora permanecieron las dudas sobre los requisitos para participar en esta nueva etapa del mecanismo alterno de liquidación.
Asimismo, la creación de nuevos delitos económicos con sanciones penales a través de la Ley Orgánica de Precios Justos asoma una nueva serie de alcabalas que enfrentarán comerciantes que ya se ven en una maraña de trámites y solvencias administrativas para desempeñar sus actividades.
El establecimiento de reglas claras, permanentes y de factible cumplimiento, es una condición importante para garantizar la fluidez de la economía. Del mismo modo, cabe resaltar que la transparencia y seguridad jurídica resultan indispensables para fomentar la inversión local y extranjera que requiere el país.
Fuente: Banca y Negocios
