El anuncio del Parlamento sobre la salida de un «número importante de personas» de los centros de reclusión en Venezuela ha generado una mezcla de alivio y cautela. Mientras el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presenta estas medidas como un paso hacia la reconciliación, defensores de derechos humanos advierten que la libertad de estos ciudadanos es apenas parcial y pende de un hilo judicial.
Excarcelación vs. Libertad Plena
Las ONG han sido enfáticas: no se trata de liberaciones, sino de excarcelaciones bajo medidas restrictivas. Según explicó a EFE Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), los beneficiarios abandonan las celdas pero permanecen «judicializados».
Las restricciones que enfrentan incluyen:
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Prohibición de salida del país.
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Veto informativo: No pueden declarar a los medios sobre sus casos ni relatar su experiencia en prisión.
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Régimen de presentación: Obligatoriedad de acudir periódicamente ante los tribunales.
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Amenazas: Denuncias de activistas sugieren que los excarcelados son advertidos para guardar silencio sobre las condiciones de su reclusión.
Un proceso viciado desde el origen
Para las organizaciones civiles, el riesgo de volver a prisión es latente. Existen antecedentes de ciudadanos que, tras ser excarcelados en procesos similares, recibieron sentencias condenatorias al finalizar sus juicios y fueron devueltos a los centros penitenciarios.
«Son personas que enfrentan cargos por delitos graves, como terrorismo y traición a la patria, que suponen penas máximas. Además, se les ha violado el debido proceso al impedirles designar abogados de su confianza», advirtió Tineo.
Cifras en disputa y el factor Washington
La opacidad oficial marca el ritmo de las noticias. Mientras el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirma que han sido excarceladas 808 personas (negando que sean presos políticos), la ONG Foro Penal ha logrado verificar de forma independiente 266 casos desde el pasado 8 de enero.
Este proceso de «apertura» ocurre en un contexto geopolítico inédito: la captura de Nicolás Maduro —detenido en EE. UU. desde el 3 de enero— ha dado paso a un acercamiento entre Caracas y Washington dominado por la agenda energética. En este tablero, la libertad de los presos políticos parece ser una ficha de negociación en las nuevas relaciones petroleras.
La exigencia de la sociedad civil es clara: la anulación de procesos viciados y la concesión de una libertad absoluta que permita a los ciudadanos retomar sus vidas sin el temor de que una decisión política los regrese a la celda.