La familia del defensor de derechos campesinos permaneció tres días privada de libertad tras denunciar su desaparición forzada. El activista aún enfrenta un proceso penal sin que se conozcan los cargos
La madrugada del sábado fueron liberados cuatro familiares del activista de derechos humanos Pedro Hernández Oropeza, director de la ONG Campo en Yaracuy, quienes habían sido detenidos el 17 de septiembre cuando acudieron a un centro de reclusión para exigir información sobre su paradero.
Los excarcelados son su padre, Pedro Hernández Serrano; su esposa, Natalia Álvarez; su hermano, Daniel Hernández Oropeza, y su primo y abogado José Gregorio Hernández. Todos obtuvieron libertad plena, aunque el activista continúa recluido y será procesado penalmente, sin que hasta ahora se conozcan los motivos de la acción judicial.
Detención arbitraria de Pedro Hernández
Hernández Oropeza fue interceptado el 16 de septiembre por presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Aroa, municipio Bolívar, cuando se trasladaba en motocicleta junto a su esposa y su bebé de 5 meses. Según relató su madre, Damarys Oropeza de Hernández, los agentes lo encañonaron, lo obligaron a subir a una patrulla y además se llevaron la moto. Su esposa y el bebé quedaron abandonados en la vía.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron inmediatamente la desaparición forzada del activista. Tres de sus familiares fueron detenidos al día siguiente mientras intentaban localizarlo, y su esposa, al acudir nuevamente en busca de información, también fue privada de libertad junto con su hija lactante.
Ninguno de los cuatro fue presentado ante tribunales durante los días que permanecieron detenidos. Al salir, recibieron recomendaciones de las autoridades de abandonar grupos de WhatsApp y extremar precauciones en redes sociales, de acuerdo con una fuente de El Pitazo.
Perfil del activista
Con 40 años de edad, el activista Pedro Hernández Oropeza ha denunciado por más de una década la persecución política y la discriminación hacia campesinos en Yaracuy.
En 2020, documentó cómo habitantes de Cerro Negro debieron trasladar en camilla el cadáver de un hombre porque la ambulancia municipal no tenía gasolina.
En 2021, jugó un rol clave en exponer las irregularidades de la campaña electoral, señalando que el acceso a combustible subsidiado estaba condicionado a la asistencia a actos del PSUV.
Ha presentado informes comunitarios sobre vivienda, agua potable, educación, salud y saneamiento en zonas rurales.
En los últimos años se había alejado de la vida política para centrarse en su familia, aunque mantenía el activismo en el área de derechos fundamentales.
La madre del activista hizo un llamado directo al fiscal general, Tarek William Saab, para que intervenga en el caso. “Se pudo comprobar por medio de fotografías y videos que no portaba armas ni sustancias nocivas, y tampoco existía orden de captura. La detención fue arbitraria”, afirmó.
Organizaciones como Caleidoscopio Humano han advertido que el caso refleja el patrón de represión sistemática contra defensores de derechos humanos, documentado recientemente por la Misión Internacional de la ONU sobre Venezuela.
Fuente: El Nacional
