Esta es la segunda parte del resumen del informe del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el abogado austríaco Volker Türk, sobre Venezuela con relación al período entre el 1º de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023. En esta entrega se presenta el balance del Estado de Derecho y el espacio cívico en el país.
Se documentaron al menos 135 casos de personas (10 mujeres) que permanecen en detención preventiva más allá de lo legalmente establecido.
Otras 39 personas fueron condenadas a pesar de haber superado el periodo de detención preventiva.
En 44 casos documentados, las personas detenidas solicitaron su puesta en libertad a las autoridades judiciales tras haber pasado dos, tres o más años en prisión preventiva. Hasta la fecha las solicitudes han sido denegadas o no han recibido respuesta.
Desde mayo de 2022, 32 personas detenidas fueron puestas en libertad (una mujer), luego de las actividades de incidencia del Alto Comisionado, 19 de ellos sin condiciones y otras con medidas alternativas como el arresto domiciliario.
Se documentó casos de 22 personas que presuntamente fueron torturadas o sometidas a malos tratos en centros de detención entre 2018 y 2022. Estos últimos casos se suman a los 92 documentados anteriormente del mismo período.
Del total de 114 casos, 62 fueron atribuidos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y cinco al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El temor a las represalias y la desconfianza en las instituciones y las autoridades han contribuido a que no se denuncien todos los casos de tortura ante las autoridades.
Se supervisaron al menos 91 denuncias formales de tortura presentadas a las autoridades por las víctimas y sus representantes. Hasta la fecha no hay información de que ninguno de ellos esté siendo juzgado.
No se recibió información sobre muertes en protestas ocurridas durante el período del presente informe. Sin embargo, se observaron retrasos persistentes en las investigaciones de las muertes en las protestas ocurridas entre 2014 y 2019. Algunos casos han experimentado retrasos de hasta nueve años.
Hubo una reducción de las muertes en el contexto de operaciones de seguridad. Es posible que no se denuncien todos los casos de muertes por operaciones de seguridad, debido al temor a las represalias y al acceso limitado a las zonas donde se han producido los incidentes.
Hay 17 muertes (todas de hombres) documentadas en este tipo de operaciones, 7 entre mayo de 2022 y abril de 2023.
Se documentaron 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 casos de estigmatización en medios sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil, incluyendo 8 mujeres
Se documentó el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país. Según las organizaciones de la sociedad civil, 2022 marcó un pico sin precedentes de cierres de emisoras de radio.
Además, el bloqueo de 44 sitios web, incluidos medios de comunicación nacionales (29) e internacionales (4), organizaciones de la sociedad civil (3), servicios digitales en línea (5) y servicios de privacidad (3).
Hay preocupación por la aplicación generalizada de la Ley contra el Odio, usada para criminalizar y deslegitimar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas. Se documentaron 9 casos, con un total de 32 víctimas.
Aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público se aprobó el 17 de septiembre de 2021, se registraron 71 solicitudes de acceso a la información pública presentadas por la sociedad civil. La mayoría no recibieron respuesta.
Fueron recibidas 14 alegaciones entre febrero y abril de 2023 sobre restricciones al derecho de participación política, incluyendo hostigamiento y otras formas de intimidación contra miembros de partidos políticos y militantes en el contexto de la campaña electoral para las Primarias lanzada por la oposición.
Se reportó la inhabilitación de personas para participar en procesos electorales por parte de la Contraloría General de la República.
No se emitió ninguna notificación sobre la apertura de los procedimientos, ni advertencia previa a estas inhabilitaciones, restringiendo así el ejercicio del derecho de defensa.
Editorial de El Nacional
