Miguel Angel Santos
Caracas 10 de julio de 2026.- Una investigación académica determinó que no existe evidencia estadísticamente significativa de que las sanciones internacionales hayan sido la causa determinante del colapso económico venezolano, uno de los más severos registrados en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
El trabajo fue presentado de forma virtual por el economista Miguel Ángel Santos, decano de la Escuela de Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey, durante la conferencia “Las sanciones y el colapso venezolano: ¿causa, acelerador o chivo expiatorio?”, organizada por el ingeniero Elías Matta, coordinador del Grupo IDEAS para Venezuela.
Santos, coautor del estudio junto con los investigadores José Ramón Morales Arilla y Zinedine Corniel, explicó que la caída del producto interno bruto (PIB) venezolano, cercana al 75 % entre 2013 y 2020, solo es comparable en la historia reciente con el desplome sufrido por Liberia durante una guerra civil de diez años.
Sin embargo, advirtió que los trabajos previos que atribuyen a las sanciones la responsabilidad de esa tragedia presentan tres fallas metodológicas centrales: no toman en cuenta que la economía venezolana ya venía en franco deterioro desde 2013; se concentran exclusivamente en la producción petrolera, sin extender el análisis a variables de bienestar; y no logran diferenciar el impacto de las sanciones de otros eventos ocurridos de forma simultánea, como la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la militarización de Pdvsa, la hiperinflación y los apagones nacionales.
De acuerdo con las cifras presentadas, para el momento en que entraron en vigor las sanciones financieras de agosto de 2017, la economía venezolana ya había perdido cerca de 34 % del PIB, equivalente a 43 % de la caída total que se registraría posteriormente. Cuando llegaron las sanciones petroleras, en 2019, el desplome acumulado alcanzaba ya 51 %, es decir, cerca de 70 % del colapso máximo.
“En materia de comercio exterior, el deterioro fue aún más marcado: al momento de las sanciones financieras ya se había producido cerca de 77 % de la caída total en las importaciones y 63 % en las exportaciones”, indicó el economista.
El estudio comparó, además, la evolución económica de los municipios petroleros frente a los no petroleros, utilizando indicadores como la luminosidad nocturna satelital, las ventas de harina de maíz precocida y la participación electoral, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre unos y otros tras las sanciones. A juicio de los autores, este hallazgo debilita la cadena causal que vincula las sanciones con el deterioro del bienestar.
Los investigadores estimaron también que hasta la mitad de la caída en los ingresos petroleros que otros trabajos atribuyen a las sanciones corresponde, en realidad, a los apagones eléctricos nacionales. Esta conclusión surge al comparar el desempeño de los pozos que dependen de bombeo eléctrico con el de aquellos que operan con gas.
Mediante la construcción de un “país sintético” a partir de Angola, Bután y Ucrania, así como el análisis de transacciones comerciales con Colombia, el equipo determinó que la brecha en las importaciones de alimentos y medicinas ya se había abierto antes de las sanciones.
Asimismo, concluyó que el sobreprecio en las importaciones venezolanas —uno de los mecanismos de corrupción más dañinos del control cambiario— comenzó a reducirse precisamente a partir de las sanciones de 2019, cuando el Gobierno flexibilizó las licencias de importación y permitió una mayor competencia.
“Nosotros no encontramos evidencia de un mecanismo causal. Las zonas petroleras no se deterioraron más que las no petroleras”, afirmó Santos, quien planteó como explicación alternativa que el propio Gobierno adoptó una estrategia de liberalización económica y dolarización de facto para sortear las sanciones, con efectos netos positivos sobre algunas variables.
El economista advirtió que estas conclusiones tienen implicaciones directas para la recuperación futura del país: si buena parte del colapso petrolero obedece a la falta de electricidad confiable y no a las sanciones, su levantamiento no garantizará, por sí solo, una recuperación significativa.
Santos se refirió también al proceso de reestructuración de la deuda externa venezolana, cercana a 190 mil millones de dólares, y llamó a blindar los activos venezolanos en el exterior, incorporar al Fondo Monetario Internacional como mediador y vigilar de cerca la falta de licitación pública en la asignación de mandatos para asesorar dicho proceso, ante el riesgo de que termine legalizando compromisos irregulares a costa de la República.
Por su parte, el coautor José Ramón Morales Arilla reforzó los hallazgos al señalar que la desnutrición infantil, que ya venía en aumento antes de 2017, se estabilizó tras las sanciones de ese año y comenzó a descender después de 2019, en un patrón inverso al que predeciría la tesis del castigo colectivo.
“Los motivos por los cuales el país perdió 80 % del PIB son producto de las políticas económicas domésticas, no de las restricciones extranjeras”, sostuvo el investigador.
Finalmente, el ingeniero Elías Matta, coordinador de Grupo IDEAS para Venezuela, agradeció la exposición y destacó su relevancia para el debate nacional sobre políticas públicas, en momentos en que el país enfrenta además la emergencia derivada de los recientes terremotos.
Matta anunció que la organización prepara la publicación de un primer texto sobre Derecho petrolero venezolano y reiteró la disposición de Grupo IDEAS de continuar abriendo espacios de análisis técnico con especialistas y académicos sobre los grandes temas de la reconstrucción del país.
