Tras cumplirse un año del desalojo de los cuatro campamentos estudiantiles opositores en Caracas, el secretario general adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Jesús Ramírez, informó que el movimiento acudirá a la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar las supuestas violaciones de DDHH cometidas por los funcionarios del Gobierno.
Señaló que aún hay cinco estudiantes presos en el Sebin que han sido víctimas de maltratos.
Durante una rueda de prensa, Ramírez explicó que en los próximos días los dirigentes universitarios viajarán a los Países Bajos para introducir una denuncia formal contra el exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y el actual jefe de investigaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Carlos Calderón, por delitos de lesa humanidad.
“Denunciaremos la siembra de droga y armamento en los campamentos por parte de las autoridades, así como la persecución política, detenciones injustas y torturas que hemos sufrido”, dijo Ramírez.
Retardo procesal
En la madrugada del 8 de mayo de 2014 cerca de 300 efectivos de la PNB y la Guardia Nacional encabezaron el operativo de desmantelamiento de los cuatro campos de resistencia estudiantil opositora ubicados en los municipios Chacao y Baruta, donde resultaron detenidos más de 200 jóvenes. Según el entonces ministro Rodríguez Torres, fueron incautados drogas, armas, explosivos y bombas lacrimógenas.
Pese a que la mayoría de los ciudadanos apresados obtuvieron el sobreseimiento de la causa por los delitos de incitación a la desobediencia y obstrucción de la vía pública, todavía permanecen en la sede del Sebin en El Helicoide cinco estudiantes: Gerardo Carrero, Carlos López, Ángel Contreras, Nixon Leal y Gerardo Resplandor, quienes también son acusados de posesión de sustancias ilícitas, armas de fuego y explosivos.
La secretaria de asuntos internacionales de la FCU, Sairam Rivas, refirió que las pruebas presentadas por las autoridades fueron “sembradas” y afirmó que los estudiantes privados de libertad están siendo víctimas del retardo procesal.
Mediación
El secretario de la FCU, Jesús Ramírez, informó que el movimiennto estudiantil acudió a la sede de la Defensoría del Pueblo para denunciar el maltrato que han sufrido los familiares de los estudiantes detenidos y exigir la mediación del organismo.
EL TIEMPO
