El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentaron el pasado sábado el nuevo acuerdo “definitivo” que reestructura el que estuvieron negociando por más de cuatro años en La Habana y fue rechazado por los colombianos en un plebiscito el pasado 2 de octubre.
Esta modificación surgió de las más de 500 propuestas que presentaron los representantes del “No”, liderados por los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, que concluyeron en 57 temas, de los cuales 56 fueron tomados en cuenta. El único punto que no se modificó fue el que hace referencia a la participación política de las FARC.
Desde el principio de la campaña el “No” luchó en contra de los acuerdos porque estos generaban “impunidad” y daban más “beneficios” al grupo guerrillero que a las víctimas. Por ende, en estos puntos fue enlos que recayó el mayor tiempo de negociación.
Otros tópicos que también fueron cambiados en el nuevo texto, se ubican en el primer y último punto del acuerdo anterior que hacen referencia a la reforma rural integral, y a la implementación y verificación de los acuerdo, respectivamente.
Anteriormente, se estimó que todas las tierras que habían sido usadas por las FARC para cultivos ilícitos, serían recuperadas por el Estado, y convertidas en terrenos productivos. Sin embargo, en este nuevo ejemplar se aclaró que este procedimiento -de estudiar los campos- será llevado exclusivamente por expertos agrarios, mientras que, las actividades de siembra las realizará el mismo campesinado. Los procedimientos para distribución de estos terrenos, estará guiada por la legislatura colombiana actual, para evitar violar la propiedad privada.
Con respecto a la implementación y verificación, se acordó que el pacto no será llevado a la Constitución para garantizar su cumplimiento, como lo indicaba el anterior, sino que el compromiso quedará en la “buena fe” de las partes. Asimismo, aun esta por definirse si este acuerdo será refrendado en cabildos abiertos, por el Congreso o en un plebiscito.
Igualmente, se eliminó la asignación de curules a dedo tanto en el Senado, como en el Congreso, se implantó que además de las armas las FARC deben entregar sus bienes para “reparar a las víctimas”, se modificaron las sanciones a los guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, y se mantendrá el Tribunal Especial para la Paz (TEP).
EU
