Tanto Estados Unidos, como la Unión Europea y organizaciones internacionales veladoras de los derechos humanos, han condenado los actos contra la libertad de expresión y movimiento que el gobierno de Daniel Ortega lleva contra los opositores en Nicaragua.
Una patrulla de la Policía Nacional de Nicaragua recorre las calles de Mangua, la capital, el 21 de junio de 2021.
El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes la restricción de visas de entradas al país a 100 funcionarios nicaragüenses vinculados con el gobierno del presidente Daniel Ortega por ser “responsables o cómplices” de abusos a los derechos humanos.
En una declaración el Departamento de Estado informó que la medida está basada en que “se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos”, las prohibiciones se extienden a miembros de la familia inmediata de los señalados.
Tras el anuncio el diputado oficialista Wilfredo Navarro, miembro de la junta directiva de la Asamblea Nacional dijo a la Voz de América: «Si no dan visa o las restringen es una decisión soberana de ellos, como Nicaragua tiene el mismo derecho, a los que les gusta ir a Estados Unidos son los que se van a fregar».
Las restricciones de visa impactan a miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el sistema judicial nicaragüense, en los que se incluyen fiscales y jueces, agrega la declaración.
En su argumentación la administración del presidente Joe Biden culpa a los funcionarios por el arresto de “26 opositores políticos y actores a favor de la democracia”, entre los que se incluyen seis precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, “activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos”.
La Casa Blanca señala al gobierno de Ortega por la aprobación de “leyes represivas” que coartan la posibilidad de elecciones libres.
[Con información de Houston Castillo, VOA]
