Nada indica en estos momentos, a 40 días de las elecciones del 28 de julio, para responder rápidamente a la pregunta, que el gobierno de Nicolás Maduro tenga sobre la mesa el escenario de la derrota. Por el contrario, lo que se percibe -puede ser engañoso- es que la cúpula en el poder se atrinchera.
Las señales que envía Miraflores consisten en minar el camino al día electoral con el rechazo a la observación de la Unión Europea, sin que se haya confirmado alguna otra veeduría confiable; la persistencia en la persecución de dirigentes y activistas opositores y en los manejos que dispone el CNE para impedir la participación electoral y la vigilancia de las votaciones. Todo lo cual carga de incertidumbre la aceptación de un resultado desfavorable y, si ocurriera tal aceptación irremediable, siembra dudas sobre la entrega efectiva del poder.
En la vereda de la ruta electoral ha quedado la propuesta de Gustavo Petro de suscribir algún tipo de acuerdo que ofrezca garantías políticas a las fuerzas en pugna, antes y después del acto electoral, que Maduro ha sustituido por la firma a su conveniencia de un pacto donde los diez candidatos reconozcan el 28J el boletín de resultados del CNE, un organismo al servicio del poder establecido.
Algunas transiciones, cuando el régimen autocrático se desploma, han tenido en común, al menos, que parte de las élites del viejo régimen favorece de alguna manera el cambio político. Sucedió en España, en Suráfrica, en Chile, incluso en países de la órbita soviética que lucía de acero inamovible. Es previsible suponer que hay tensiones en la cúpula oficialista ante el presumible descalabro electoral que anuncian las encuestas más fiables y la multitud de expresiones populares que acompañan los recorridos de María Corina Machado por el país.
Sesudos analistas intentan alertar que es necesario que esas manifestaciones electorales se transformen en votos, a sabiendas de que el gobierno aún tiene jugadas para entorpecer más la expresión soberana, como, por ejemplo, la anulación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, un rumor hasta ahora que entra dentro de los cálculos de las fuerzas democráticas que adversan al gobierno.
Los 40 días que restan para las votaciones puede parecer un lapso corto en la preparación logística de la oposición -por algo el gobierno fijó esa fecha, aparte del hecho simbólico de que es el natalicio de Hugo Chávez-, pero también puede ser excesivamente largo para la campaña oficial, carente como nunca antes de convocatoria y errada, hasta lo ridículo, en algunas de sus acciones represivas; expresión, además, de errores de cálculo político tanto en la apreciación de la primaria opositora del 22 de octubre como en la convocatoria del referéndum del Esequibo de diciembre pasado, del que se carece de registro alguno de votantes y escrutinios.
¿Crecerá aún más el mar popular que alientan Machado y Edmundo González Urrutia y se seguirá erosionando el apoyo al gobierno? ¿Cuál sería el impacto político de una eventual avalancha electoral de la oposición el 28J? ¿Se atreverá el gobierno a alterar el resultado electoral? ¿Cuántos de sus seguidores estarían en disposición de acompañarlo en una salida indebida?
Son escenarios impredecibles. Pueden ocurrir o no. Nadie esperaba el 17 de octubre pasado -a cinco días de la primaria opositora- que se firmara el Acuerdo de Barbados, aunque violado ahora fue crucial entonces. Los cambios pueden ser sorpresivos e inimaginables -los ha habido en la historia-, no como fe ciega sino, en nuestro caso, como consecuencia de una situación catastrófica que alimenta la disposición a votar y a dejar atrás un período calamitoso.
El 28J puede, por tanto y es lo deseable, convencer a actores del gobierno de que su permanencia en el poder es insostenible, y se abra paso a una negociación política que despeje la transición pacífica y con cierto orden.
Editorial de El Nacional
