Es característico de las democracias subestimar las amenazas que les acechan, hasta que es demasiado tarde para reaccionar con eficacia ante el peligro. Se trata de un fenómeno en cierta medida explicable, pues por definición las democracias aspiran al consenso y encuentran muy difícil identificar a tiempo a sus enemigos mortales. En busca del diálogo político y la paz social, los demócratas prefieren imaginar que quienes se proponen destruirles recapacitarán, admitiendo las reglas de la convivencia y dejando de lado el radicalismo. No es del todo imposible que el fanatismo ideológico se transforme en voluntad de consenso, pero por desgracia la irracionalidad no ha sido extirpada de la lucha política.
En la España de hoy, el gobierno de coalición ensamblado por el señor Pedro Sánchez, jefe del partido socialista, ha elevado hasta cruciales posiciones de mando del Estado español a varios enemigos jurados del régimen constitucional, establecido luego del fin de la dictadura de Franco. Entre ellos se cuentan Pablo Iglesias y su partido de extrema izquierda, Unidas Podemos, y algunas de las agrupaciones independentistas que nunca han renunciado a su meta, es decir, ponerle fin a la unidad de España.
Sánchez es obviamente un político oportunista, pero todos lo son de un modo u otro. El verdadero problema es que su oportunismo no está exento de brújula ideológica, y la misma no apunta en dirección de la tradicional socialdemocracia europea o de la que guió en su momento a Felipe González. La brújula de Sánchez apunta hacia otro lado, más radical y peligroso, y hay que juzgarle por sus actos. En tal sentido, el rasgo más importante y significativo de su gobierno es el protagonismo que ha concedido a Pablo Iglesias.
Lo que ahora acontece en España en el ámbito político es el avance de un nuevo frente popular de izquierdas, que camina de manera cada día más patente y casi que inexorablemente hacia el cambio del régimen de monarquía constitucional vigente en el país, fruto de los consensos negociados hace cuatro décadas. El objetivo es sustituirlo por una república. Una vez más, los desgarramientos históricos de España y sus tendencias centrípetas y desintegradoras se montan sobre el escenario político, resucitando pugnas que se creían olvidadas.
No estamos afirmando que conquistarán el objetivo, sino que hacia allá se dirigen. Pablo Iglesias es la punta de lanza de la nueva ofensiva de la izquierda española, y a pesar de ser uno de los vicepresidentes del Estado español, se da el lujo de cuestionar de manera abierta y flagrante el arreglo establecido en la Constitución, atacando sin disimulo al rey y anunciando su deseo de que el jefe del Estado español jamás vuelva a usar uniforme militar. Ello sorprende viniendo de un personaje que, como es el caso de Iglesias, rindió reiterada pleitesía a un militar como Hugo Chávez y recibió sin remilgos su financiamiento.
Los ataques a la monarquía no son inocentes, no son cosa de juego, son un disparo dirigido certeramente al corazón de régimen. Asombra por ello contemplar la pasividad generalizada que impera, por ahora, al respecto. La ofensiva de Iglesias persigue desmoralizar en paralelo al sector castrense español, que es fiel a la Constitución y por lo tanto a la monarquía constitucional. Las limitaciones que el arreglo político vigente impone al rey le dificultan intervenir en el debate, pero la dinámica podría obligarle eventualmente a hacerlo. No sería la primera vez que España se enfrenta a una crisis de dramáticas consecuencias.
El gobierno de coalición de izquierdas, empujado por sus sectores más radicales, está trabajando en varios frentes. Aparte de haber iniciado por boca de Iglesias un ataque contra la monarquía, el gobierno está intentando en todo lo posible monopolizar o intimidar a los medios de comunicación. También está utilizando de manera descarada encuestas, pagadas por el Estado, para manipular a la opinión pública en favor de sus objetivos. A lo anterior se suma el empleo de la Fiscalía para respaldar las acciones políticas, copiando desde luego lo que el régimen chavista viene haciendo desde hace años en Venezuela. Y de paso, como si lo mencionado fuese poca cosa, el gobierno ha abierto nuevas puertas a los independentistas catalanes y vascos. Todo ello bajo la cobertura, al menos todavía y de parte de Sánchez, pero no de parte de Iglesias, de una cierta ambigüedad y un opaco disimulo, ayudados por el interés prioritario del público en torno al reto del coronavirus.
Lo que hemos descrito en sus líneas generales es un proceso en marcha, y está aún por verse hasta dónde llegarán las cosas, antes de que estalle un conflicto político de más amplio alcance. No obstante, repetimos, estamos persuadidos de que la orientación medular del proceso es la que hemos esbozado, y por ello concluimos que España, lamentablemente, va por muy mal camino.
Editorial de El Nacional
