El último corrientazo entre los gobiernos de Madrid y Caracas, luego de que esta semana el Congreso español se pronunció por la liberación de los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma con la esperada reacción furiosa del gobierno de Nicolás Maduro, relanza otro capítulo de tensión binacional que revive los fantasmas de las represalias que pueda tomar Venezuela contra los intereses españoles en su territorio.
“La élite que gobierna España no cesa en sus pretensiones violatorias del Derecho Internacional Público y se articula con el eje antidemocrático internacional que pretende desconocer la voluntad popular de nuestro pueblo siguiendo guiones imperiales”, reza el comunicado-protesta de la Cancillería venezolana publicado este miércoles. Sin embargo, la posibilidad de que Venezuela tome cualquier decisión hacia España la anunció el propio presidente Maduro y la ratificó la canciller Delcy Rodríguez: “Estamos haciendo una revisión exhaustiva de las relaciones bilaterales (con España) por instrucción del presidente Maduro”.
En Venezuela vive la tercera comunidad de españoles más grande del mundo, después de Argentina y Francia, con casi 200.000 ciudadanos y por lo menos tres millones de venezolanos con familia directa del país europeo.
Con la ‘revolución’ la relación bilateral entró en una espiral de altibajos; las buenas migas entre los presidentes Hugo Chávez y José Luis Rodríguez Zapatero saldaron el negocio de construcción de cuatro patrulleros para Venezuela en astilleros españoles por 1.200 millones de euros (que incluyó escándalo de corrupción por comisiones millonarias que ni Caracas ni Madrid comentaron en su momento).
Todo empezó a cambiar a partir de la radicalización política que signó al Gobierno venezolano desde el triunfo electoral de 2006. El presidente Chávez abrió la etapa del ‘socialismo del siglo XXI’ e inició una ola de multas, confiscaciones, expropiaciones (de fincas, comercios, terrenos) y nacionalizaciones casi siempre tarde o mal pagadas que afectaron a por lo menos 500 empresarios españoles entre esa fecha y 2010, según contabilizó la Federación de Centros Españoles en Venezuela.
En 2009 el Gobierno nacionalizó al Banco de Venezuela –desde 1996 y hasta entonces propiedad del Grupo Santander–, y aunque la negociación presagiaba tempestades llegó en relativos buenos términos a un acuerdo económico que cumplió cabalmente.
Con estos antecedentes el impacto de este último impasse, ahora entre los gobierno de Nicolás Maduro con el de Mariano Rajoy, todavía luce limitado. La escalada aún no excede la política: la llamada del embajador de Venezuela en España a consultas y la expresión formal de la molestia venezolana al embajador español en Caracas.
Expediente de injerencia
Venezuela asegura contar con un legajo de cientos de declaraciones “injerencistas” de funcionarios españoles y casi mil artículos de la prensa de ese país cuyo objetivo –según la canciller– es desprestigiar a la “revolución bolivariana”.
Sobre esa base el presidente Maduro prometió que irá por más. Por eso las 118 empresas españolas (incluyendo 17 franquicias) con sucursales en territorio venezolano esperan que la pulseada no los toque ni afecte sus negocios que en total superan los 9.000 millones de euros.
Un temor latente sobre todo después de que en febrero de este año fueron convocados representantes de grandes empresas españolas a una reunión con el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza, tras la cual algunos confesaron a la prensa de su país haberse sentido coaccionados para colaborar con el Gobierno venezolano so pena de ser castigados con sanciones económicas.
El tiempo no les ha dado la razón y hasta ahora el castigo es el desajustado panorama económico venezolano, que entre devaluaciones y el control cambiario les ha valido pérdidas millonarias.
Los ejemplos sobran, como el de Telefónica, a la cual la devaluación del bolívar del 2014 representó una merma de 1.200 millones de euros en sus activos o la cadena de hoteles Meliá, que por la misma razón (más la devaluación de 2015) perdió 212 millones.
El Estado venezolano también debe a Iberia 200 millones de dólares por venta de boletos, ganancias obtenidas por venta de tiquetes en Venezuela y que no ha podido repatriar a su casa matriz.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas
