Sanidad ha enviado ya el borrador del decreto ley a las comunidades autónomas
Atención sanitaria para los migrantes desde el primer minuto, sin necesidad de empadronamiento y con los medicamentos subvencionados. El texto del decreto ley para recuperar la sanidad universal que el ministerio que dirige Carmen Montón ha enviado a las autonomías no solo desvincula la sanidad pública de la necesidad de ser el titular de una tarjeta de la Seguridad Social (algo que en España solo se puede conseguir con contrato de trabajo), sino que ni siquiera pone como requisito el empadronamiento. Las comunidades establecerán qué documentación se exige, según el borrador al que ha tenido acceso este diario.
Llegada de migrantes al puerto de Motril. MIGUEL_PAQUET EFE
En abril de 2012, un decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy dejó sin asistencia sanitaria a los migrantes en situación irregular. Además, la ley de extranjería establece un periodo de “permiso temporal” de hasta 90 días para los inmigrantes, en los que muchos derechos no les corresponden. Ese tiempo se fijaba con la idea de distinguir entre viajeros uy aquellos que pensaban instalarse en el país. El borrador del decreto ley cambia de arriba abajo las reglas de juego: ese periodo se podrá reducir o eliminar si las comunidades así lo deciden, de manera que la recuperada sanidad universal se les podrá aplicar desde el primer momento. “Un inmigrante podrá bajarse de la patera, ser atendido por los Servicios Sociales e ir directo al centro de salud”, explicaron ayer fuentes de Sanidad.
El paso intermedio, la atención por los servicios sociales es la clave: es el momento en que los funcionarios de la comunidad podrán acreditarle como acreedor de la atención sanitaria, pero no tiene por qué ser superior a lo que se tarde en expedir un carné u otro documento.
La mayoría de las comunidades ya tienen sus propios sistemas para que sus residentes en situación irregular sean atendidos, más allá de los servicios ya fijados para menores, embarazadas y urgencias. Pero en muchos casos también se les pide un periodo de residencia. Esa condición ahora desaparecería. Eso sí, para asegurar una coordinación, “las comunidades autónomas deberán comunicar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, mediante el procedimiento que se determine, los documentos certificativos que se expidan en aplicación de lo previsto en este artículo”.
Uno de los problemas que se mantienen, sin embargo, es el de los traslados. La persona que tenga uno de esos documentos (por ejemplo, un carné de los servicios sociales) emitido por una comunidad, no podrá utilizarlo en otra. Claro que este problema no es exclusivo de los extranjeros en situación irregular. Tampoco las personas que cumplen actualmente todos los requisitos para tener una tarjeta sanitaria pueden viajar con ella a otras comunidades, ya que los sistemas informáticos de historias clínicas y recetas no están conectados.
Real decreto en descontrucción
Extranjeros. El real decreto 16/2012fijó, entre otros, la limitación del acceso a la sanidad de los extranjeros en situación irregular y españoles que no hubieran cotizado a la Seguridad Social. Para ellos proponía crear un seguro sanitario público que nunca se llevó a cabo. El borrador actual revierte esta situación.
Copago farmacéutico. El real decreto también fijaba, por primera vez, que los pensionistas pagaran parte de los medicamentos que les recetaban y adquirían en farmacias. Sanidad también ha anunciado que va a derogar ese aspecto.
Otras aportaciones. Aunque no se puso en práctica, el real decreto permitía imponer otros copagos, por ejemplo, en el servicio de ambulancias o en medicamentos hospitalarios.
El decreto ley, sin embargo, no es una oferta de servicios sin control. “Queremos evitar el turismo sanitario”, insisten fuentes del departamento, en referencia a la situación creada por extranjeros que venían a España a recibir atención aprovechándose de las facilidades que daba el sistema.
Personas no registradas
Por eso, se determina que este sistema se aplicará a “las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España” cuya atención no esté cubierta “por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, convenios bilaterales y demás normativa aplicable”. También se establecerá, antes de atender a la persona, que no pueda “exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia”. Es decir, el sistema español vigilará que el extranjero no esté cubierto en un sistema en su país de origen que pueda hacerse cargo de su salud cuando se desplaza.
Y, en la misma línea, se controlará que “no exista un tercer obligado al pago”. Es decir, se intentará cobrar la atención por todos los medios posibles —algo que ya se establecía en el real decreto de los recortes—, pero no se negará el acceso al sistema sanitario si la persona no está cubierta por alguna póliza o por su propio sistema de salud.
En el mismo sentido, para evitar que un extranjero pueda intentar aprovecharse la cobertura de la sanidad española fuera del país, se establece que esta posibilidad no se aplicará a quienes estén sujetos a estas medidas (entre otras cosas, porque no podrán sacarse la tarjeta sanitaria internacional).
Otra novedad del decreto ley que se ha preparado es que también dice que los extranjeros en situación irregular tendrán derecho a que la sanidad pública pague parte de los medicamentos que les receten. “Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España […] aportarán un 40%” del precio de venta al público de los fármacos. Es decir, se les aplicará el tramo inferior del copago que se aplica a los trabajadores en activo en España (es difícil pensar que una persona en situación irregular tenga unos ingresos superiores a 40.000 euros al año, que es el tope para pasar a pagar el 50%).
Pero el cambio, además, tiene un efecto beneficioso para algunos españoles. Son los que, aun siendo residentes, nunca hayan cotizado a la Seguridad Social. El real decreto ley simplifica la condición que deben cumplir a “tener nacionalidad española y residir en territorio español”. Con ello se desvincula el acceso a la sanidad de la situación laboral y del denominado aseguramiento, que implicaba haber cotizado alguna vez. No hay cálculos de cuántos afectados por esta medida pueda haber (algunos pensionistas, estudiantes que no estén cubiertos por la tarjeta de algún familiar), pero elimina otras condiciones.
Lo que no se modifica son las condiciones para atender a españoles en el extranjero que vuelvan, por ejemplo, de vacaciones a España. La Administración intentará cobrar la atención a la sanidad pública del país en que residan, si están dados de alta ahí.
Cálculos divergentes
El coste de extender la sanidad universal a extranjeros en situación irregular es incierto. La Federación de Empresarios de Farmacia de España (FEFE), en su Observatorio del Medicamento, calcula que la parte de subvencionarles las recetas supondría unos 78 millones de euros al año. Para ello calculan que hay unos 850.000 beneficiados y que el importe de sus medicamentos sería, de media, igual que la de los trabajadores activos (unos 110 euros). Aplicando la misma proporción de copago que para el resto de la población, le salen 78 millones.
Pero este cálculo asimila la demanda sanitaria de los extranjeros en situación irregular a la de la población de sus mismas condiciones, y esa premisa es muy discutida. En un trabajo de 2011 publicado en BMC Public Health, un año antes de los recortes que dejaron a estos migrantes fuera del sistema, Luis Andrés Gimeno y sus colaboradores calcularon que si al conjunto de la población les recetaban cada año medicamentos por valor de 348 euros, entre los extranjeros en situación irregular esta cifra bajaba a 47 (un 13,5%). Ellos lo atribuyen al “factor salud”, una tendencia que se basa en que los migrantes tienen de partida mejores estados de salud que los españoles (son más jóvenes, y los que emigran lo hacen para trabajar duro). Aplicando ese porcentaje a los 78 millones se quedan en 10,5 millones.
Fuentes de Sanidad, en cualquier caso, insisten en el mensaje de la ministra Carmen Montón: “Siempre es más barato tratar a alguien en atención primaria [que es cuando se recetan estos medicamentos] que esperar que lleguen a urgencias”.
El País
