Los documentos, definitivamente, no estaban clasificados como secretos. Pero contenían información detallada sobre programas del gobierno de Estados Unidos para ayudar a disidentes cubanos que el gobierno cubano ha declarado ilegales como parte de una campaña semiclandestina para derribar al régimen comunista.
De modo que, cuando la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU (USAID) usó por error una línea no codificada para enviar los documentos a diplomáticos estadounidenses en La Habana, algunos de los autores de los documentos no podían creerlo.
“Es una soberana estupidez”, dijo un funcionario de uno de los grupos que generaron los documentos —solicitudes extremadamente detalladas para un programa de USAID de $6 millones para entrenar a líderes emergentes de los sectores no gubernamentales de Cuba.
Su solicitud de más de 200 páginas contenía la historia completa de su trabajo anterior en los programas prodemocracia en Cuba de USAID, dijo el funcionario, los nombres de algunos posibles candidatos para recibir el entrenamiento y los lugares donde podrían ser entrenados.
USAID dice que nada malo pasó, argumentando que el gobierno de Estados Unidos nunca clasificó los programas prodemocracia como secretos o siquiera confidenciales.
“El programa para Cuba de USAID no tiene nada clasificado, nosotros simplemente llevamos a cabo los programas de un modo discreto para ayudar a asegurar la protección de todos los involucrados”, dijo Karl Duckworth, portavoz de USAID.
Pero los propios documentos de la agencia destacan las preocupaciones de seguridad relacionadas con el programa.
“Dada la naturaleza del régimen cubano y la susceptibilidad política del programa de USAID, USAID no puede ser considerada responsable de cualquier daño o inconveniencia sufrida por individuos que viajen a la isla con fondos de USAID”, dice un contrato de la agencia.
Una presentación de diapositivas para organizaciones no gubernamentales que han recibido financiamientos de USAID les aconseja reportar cualquier “preocupación de seguridad, incluyendo acoso o detención por parte del gobierno de Cuba”.
Alan P. Gross, subcontratista de USAID que vive en Maryland, está cumpliendo una condena de 15 años de cárcel en La Habana por entregar ilegalmente a judíos cubanos tres teléfonos de satélite, pagados por USAID, para que tuvieran acceso directo y sin censura a la internet.
Por lo tanto, resultó chocante cuando funcionarios de USAID avisaron a solicitantes de los $6 millones en septiembre que sus solicitudes habían sido enviadas a diplomáticos estadounidenses en La Habana para ser revisadas a través de una línea no protegida, en lugar de una línea codificada como de costumbre.
Duckworth se negó a hacer más comentarios sobre el incidente. Pero cuatro funcionarios de organizaciones no gubernamentales (NGOs) que solicitaron los fondos dieron detalles a El Nuevo Herald. Ellos pidieron conservar el anonimato, diciendo que querían permanecer en buenos términos con USAID.
La solicitud de USAID para la propuesta SOL-OAA-13-000110, hecha pública el 10 de julio, ofreció un total de total de $6 millones por tres años, divididos en al menos dos subvenciones de no más de $3 millones y no menos de $1 millón.
Fuente: El Nuevo Herald
