La ensambladora Civetchi, cuya mayoría accionaria es propiedad del Estado, también muestra signos de fuerte contracción al reportar una reducción de 79% de la producción en el primer bimestre del año respecto al mismo período de 2014, lo que se traduce en que su capacidad ociosa ronda el 98%.
Según los más recientes datos dados a conocer, entre enero y febrero Civetchi (Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China) ensambló 38 unidades, cifra casi 80% menor respecto a las 179 producidas en el mismo lapso del año pasado.
Inaugurada en marzo de 2012, tras la inversión de unos $70 millones, la planta de Civetchi en Valencia (Carabobo) está en capacidad de ensamblar 30.000 unidades al año, según informó el para entonces ministro de Industrias, Ricardo Menéndez. Sin embargo, la planta nunca ha podido alcanzar su meta mínima de ensamblar unas 40 unidades diarias.
Se trata de una empresa mixta donde el Estado detenta 51% de las acciones y el inversor privado Grupo Falsiroli el restante 49% accionario, que ensambla vehículos de la marca china Dongfeng, además de comercializar autos de la también asiática Haima.
El año pasado, la planta logró producir 3.357 unidades de camiones y pick-up, pero no pudo importar una sola unidad por no contar con licencias de importación ni con los dólares para ello.
Del mismo modo, Civetchi no ha recibido divisas para la adquisición de partes y piezas de repuesto para los vehículos de las marcas que representa.
No obstante, dada la drástica reducción en la asignación de divisas, la planta ha visto mermar su producción de manera alarmante, al punto de que en los dos primeros meses del año ha podido ensamblar menos de lo que normalmente arma en un día.
Intervención abierta. La situación de Civetchi se ha complicado en las últimas semanas, luego de iniciada una investigación de las operaciones de la empresa, que devino en una fuerte presencia militar en las instalaciones fabriles y la red de concesionarios de la marca.
Si bien fuentes de la empresa y sindicales no estuvieron disponibles para ofrecer declaraciones al respecto, extraoficialmente se conoció que la investigación parte de denuncias hechas por los propios trabajadores sobre supuestos manejos irregulares en la empresa, lo que afectaría intereses de la nación.
La información no oficial también da cuenta de la presencia de personal de fiscalización del Seniat, situación que ha provocado inquietud entre los trabajadores, quienes temen que las decisiones a tomar pudieran poner en riesgo su estabilidad laboral.
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