Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para el propietario de la “Distribuidora Galván”, Carlos José Galván, y de su cónyuge Anguelova Pagunova Radka, quienes fueron aprehendidos a raíz de un allanamiento en esa empresa ubicada en el municipio San Joaquín, estado Carabobo.
En el lugar, las autoridades encontraron más de 10 toneladas de alimentos descompuestos y vencidos que tenían etiquetas con precios remarcados.
Igualmente, se ordenó el enjuiciamiento de los trabajadores de la distribuidora: Nelson Antonio Rondón (gerente de créditos), Emil Rincones Rojas (supervisor de operaciones) y Alexis Madero Pérez (vendedor).
En la audiencia preliminar, el fiscal 41° nacional, Franklin Nieves, ratificó la acusación contra Galván y su cónyuge por la presunta comisión de los delitos de especulación, usura, comercio de bienes nocivos para la salud y venta de sustancias nocivas.
Asimismo, se ratificó la acusación contra los otros tres trabajadores por los referidos delitos pero en grado de complicidad; adicionalmente, Galván, Pagunova, Rondón, Rincones y Madero fueron acusados por asociación para delinquir.
Una vez evaluados los medios de prueba presentados por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 2° de Control de Carabobo admitió la acusación y ordenó el enjuiciamiento de las cinco personas.
Vale destacar que Galván y Pagunova permanecen privados de libertad en la Comandancia General de la Policía de ese estado; mientras que Rondón, Rincones y Madero tienen medidas cautelares de presentación periódica cada 30 días y prohibición de salida del país.
En horas de la madrugada del 19 de diciembre, representantes de varios organismos del Estado, entre ellos el Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y el ahora suprimido Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, inspeccionaron los almacenes de dicha distribuidora en San Joaquín, en virtud de las denuncias acerca de presuntas irregularidades en el almacenamiento de alimentos.
Durante el procedimiento, fueron hallados en 22 cavas alimentos no perecederos, embutidos y precocidos, a los que se les había realizado un remarcaje en las fechas de expiración y en los precios de venta al público.
La investigación permitió detectar que tales fechas correspondían a varios meses atrás, además se hallaron productos nacionales e importados que estaban descompuestos y contaminados. Las cinco personas fueron detenidas por funcionarios de la policía municipal de San Joaquín.
GLOBOVISIÓN
