En enero fueron asesinados 15 funcionarios de seguridad en la Gran Caracas para robarles su armamento, cinco más en comparación con los diez uniformados ultimados durante el mismo mes de 2014.
El año pasado, 132 funcionarios cayeron víctimas del hampa, contando Caracas y el estado Miranda, mientras que en 2013 murieron 100 efectivos.
La última de estas muertes ocurrió el 31 de enero, cuando un detective del Cicpc murió de cinco balazos recibidos durante una visita en el Cementerio General del Sur.
Esta estadística que aumenta con el transcurrir de los años tiene una explicación para Javier Gorriño, comisario jubilado de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ): la impunidad.
«Que un policía o militar sea asesinado para quitarle su arma y el responsable no sea capturado rápidamente es percibido por el criminal, quien pierde el miedo a la autoridad al no recibir castigo por el crimen cometido».
Gorriño alegó que los cuerpos policiales no pueden caer en el error de acostumbrarse a considerar la muerte de un compañero como una estadística más. «Se debe reforzar la investigación y buscar a los responsables», puntualizó.
Ley para el policía. En la actualidad se dan los últimos toques al proyecto de Ley de Seguridad Social del Policía, borrador que está en manos de la Comisión para la Transformación Policial, presidida por Freddy Bernal.
Esta comisión, además de acabar con las mafias corruptas y de extorsión, prevé manejar el tema de la seguridad de los funcionarios en dicho proyecto de ley. Un planteamiento a destacar sería la recomendación a alcaldes y gobernadores de donar espacios donde se construyan viviendas para los policías exclusivamente, sacándolos así de los barrios o zonas donde viven, donde muchas veces se ven comprometidos con los criminales.
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