En medio de una inminente ronda de diálogos entre chavismo y oposición, y a tres meses de las elecciones regionales de Venezuela, la petición de extradición del líder opositor Leopoldo López sigue en el aire.
Son dos las veces que el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha afirmado que pediría formalmente a España la extradición del líder opositor y presidente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López. La primera fue en mayo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), vinculado al chavismo, declaró como “procedente” dicha solicitud. La segunda tuvo lugar en julio, cuando Maduro aseguró que desde Madrid se “dirigen ataques terroristas con grupos delincuenciales en Venezuela”.
El líder bolivariano explicó que pidió al canciller Jorge Arreaza que se comunicara con su homólogo español, José Manuel Albares, para que “le muestre todas las prueba y le solicite en extradición al señor Leopoldo López, principal propiciador de golpes de Estado y violencia terrorista”.
Maduro, además, pidió al Gobierno español “respetar” el derecho internacional. “Una cosa es que tengamos diferencias ideológicas, políticas, diplomáticas, y otra cosa es que ellos amparen que desde Madrid se conduzca y se financie directamente acciones de violencia”, agregó.
López reside en Madrid desde octubre de 2020, por lo que el país europeo tiene la última palabra en este proceso. El líder de Voluntad Popular huyó de Venezuela tras estar resguardado en la embajada española en Caracas. Fue detenido en 2014 y posteriormente condenado bajo el contexto de manifestaciones antigubernamentales.
¿Cómo funciona el proceso de extradición en España y en qué fase se encuentra el caso de Leopoldo López?
En líneas generales, el proceso de extradición en España consta de tres pasos. Expertos explican que el primero se inicia cuando el Consejo de Ministros recibe la petición por vía diplomática. “En el caso que el gobierno autorice o permita esa puesta en común del procedimiento de extradición, se pasa a un procedimiento judicial”, explica el abogado penalista Daniel Lucas Romero, del bufete Lucas Franco, con sede en Madrid.
La segunda fase consta de una etapa judicial, cuya competencia corresponde a la Audiencia Nacional. El juzgado central de instrucción es el encargado de llevar a cabo la investigación inicial. “Se aportan todos los documentos en que el estado reclamante sustenta su petición y la defensa del sujeto reclamado viene a alegar aquellas cuestiones que entiende oportunas para impedir esa extradición”, comenta Lucas.
Si se concluye que el procedimiento debe de continuar, pasa a la Sala Penal, donde se decide si se eleva el proceso al Consejo de Ministros, para que éste tome la decisión de extraditar o no. “Es cierto que en España si el juzgado de la Sala Penal termina diciendo que procede la extradición, es muy difícil que el Consejo de Ministros la paralice”, refiere Lucas.
Los abogados consultados explican que, como mínimo, el proceso se demora unos ocho meses.
De acuerdo con la defensa de Leopoldo López, por el momento no existe ninguna petición formal. “Tenemos información de que esta petición se encuentra en el gobierno de España y hasta el momento no tenemos información oficial que haya sido enviada a la Audiencia Nacional” explicó a la Voz de América Juan Carlos Gutiérrez, abogado internacional en el bufete Cremades & Calvo Sotelo, por lo que el caso del exalcalde de Caracas estaría en la primera fase.
El letrado destaca que varios organismos internacionales, como Naciones Unidas, han calificado la detención de López como “arbitraria”. Es por ello que explica que se trata de un caso de “persecución política” y considera la extradición como “inviable”. Apoya sus argumentos en el artículo VI del tratado bilateral de extradición entre España y Venezuela que, “prohíbe la extradición cuando se trata de delitos políticos o delitos conexos de naturaleza política”, afirma Gutiérrez.
Leopoldo López no es la única petición de extradición que reposa en manos del gobierno de España. Otra reciente es la del también opositor y miembro de Voluntad Popular, Rolando Figueroa, quien se encuentra bajo libertad provisional a la espera que se resuelva su proceso de asilo o, de decidirlo así la justicia del país europeo, su entrega a las autoridades de Venezuela.
