El Centro para los Defensores y la Justicia registró 140 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2021 contra defensores de derechos humanos en Venezuela. Denunció, en un informe reciente, que el Estado recrudece la política de criminalización.
“La violencia de Estado y la represión se ejercen como una forma de limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis, como parte del control social y las medidas tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país”, señaló.
En el informe Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, la organización dijo que “la lógica del enemigo interno” se profundiza y advirtió que aumentan los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos.
Resaltó que julio se ubicó como el mes en el que más agresiones sufrieron los defensores de derechos humanos en lo que va de 2021.
“Las medidas represivas y de control social las aplican con mayor fuerza contra quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. Personas y organizaciones que velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentan a distintos patrones de violencia, represión y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.
El Centro para los Defensores y la Justicia subrayó además que las labores de documentación, denuncia, visibilización y acompañamiento no son delito. Y afirmó que la cooperación, interacción e incidencia internacional son acciones legítimas y el Estado no debe criminalizar a quienes las ejercen.
Alertó que las agresiones, campañas de estigmatización y obstaculizaciones se intensifican y se mantienen impunes, situando en una situación de desprotección a quienes defienden y exigen derechos humanos.
“Ante un entorno sociopolítico en crisis y la emergencia humanitaria compleja, el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos y la acción humanitaria resultan más necesarios, por lo que resulta indispensable que se establezcan medidas que permitan su accionar sin represalias o limitaciones arbitrarias”, recomendó.
