En GO decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica por 60 días

En GO decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica por 60 días

 
 
Su entrada en vigencia fue el pasado cuatro de mayo y puede ser prorrogado por 60 días más según la publicación oficial


 
 
 En gaceta Oficial 6.534 fue publicado este viernes el decreto 4.194 en donde el Ejecutivo decreta Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional y con vigencia por 60 días.

 

 

En el documento, se expresa que a raíz del “asedio instaurado” contra la economía venezolana y las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos han decidido que el Estado de Excepción y de Emergencia Económica “es el mecanismo Constitucional y legal” que permite al Gobierno “proteger al pueblo de amenazas internas y externas”.
Su entrada en vigencia fue a partir del cuatro de mayo y puede ser prorrogado por sesenta días más.

 


Entre algunas de las medidas expresadas en el decreto destacan:

 

 

“El establecimiento de regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para garantizar el impulso de los motores Agroalimentario, de producción y distribución de los rubros considerados como estratégicos para la satisfacción de necesidades de los habitantes”.

 

 

“Reajustar la Unidad Tributaria (U.T.), con base a los análisis técnicos que correspondan, cuando el órgano competente que autorice se encuentre inhabilitado legal o judicialmente para hacerlo”.

 

 

“Dictar medidas extraordinarias que permitan a la autoridad monetaria nacional agilizar y garantizar la importación, distribución y disponibilidad oportuna de las monedas y billetes de curso legal en Venezuela”.

 

 

“Dictar medidas que permitan la incorporación al sistema económico nacional de criptoactivos a partir de instrumentos que generen seguridad sobre la base del aprovechamiento nacional de las materias primas, recursos minerales e hidrocarburos del país”.

 

 

También se suspende temporal y excepcionalmente «la ejecución de sanciones políticas contra las máximas autoridades del poder público y otros altos funcionarios».

 

 

Por último, el Gobierno nacional afirma que tras la aplicación de esta figura constitucional se busca mantener “la paz social y el orden público”.

 

 

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