De las 16 horas que duró el motín en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la avenida Sucre de Catia, al menos cuatro (entre las 7 y 11 de la mañana de ayer) fueron de gran tensión, pues los reclusos amenazaron con lanzar desde la azotea del edificio, al oficial Alexander Palencia, si no les respondían sus exigencias.
Lo que querían era: ser trasladados a los penales asignados, que les respetaran los beneficios procesales y el cese a los maltratos.
Tras varias horas de negociaciones, finalmente lo lograron: el oficial que mantenían de rehén fue liberado, trasladaron a 25 reos al penal de Puente Ayala, se les dará visita regular, y a los familiares de los detenidos se les permitirá ingresar alimentos y medicinas.
Durante el motín, el oficial de la PNB ofreció declaraciones vía telefónica y manifestó que varias veces temió por su vida, y aseguró que «los detenidos no portaban armas de fuego y no lo habían maltratado». Pidió celeridad para que acabara todo.
Su compañero, el oficial Ciro Enrique Landaeta, quien también había sido sometido con él, fue liberado primero después de que lo golpearan.
El inicio
Las primeras versiones suministradas indican que los internos se aprovecharon del cambio de guardia y habrían retenido a los funcionarios por cuya liberación exigían la presencia de la ministra Iris Varela, y el traslado a otros centros penitenciarios. Además, denunciaron las pésimas condiciones sanitarias de la comisaría y maltratos cometidos por los funcionarios que los custodian.
Muerto un recluso
De acuerdo a los datos recabados, durante el motín se habría producido la muerte del recluso Juan Bautista Infante (56).
Sin embargo, otras versiones manejadas por familiares de los internos señalaron que la jornada de protesta se inició cuando ingresaron a Infante por el supuesto delito de abuso sexual contra un menor. Al parecer, los efectivos golpearon al detenido hasta causarle la muerte.
«Luego los funcionarios llevaron el cuerpo sin vida hasta uno de los calabozos, con la intención de culpar a los internos, lo que provocó que la protesta se saliera de control», dijo el familiar de uno de los detenidos, quien pidió no ser identificado. Sin embargo, esta versión no fue oficializada.
Cobros y maltratos
Familiares denunciaron que los funcionarios que laboran en el comando les cobran para permitirles pasar alimentos, y se quejaron de las condiciones sanitarias imperantes en el centro de detención.
«Hasta mil bolívares tenemos que pagarles a los policías cada vez que le llevamos comida, agua o medicinas a nuestros familiares», señaló Jacqueline Pérez.
Denunció, además, las pésimas condiciones sanitarias que reinan en el centro.
«No tienen baños, por lo que sus necesidades tienen que hacerlas en bolsas o en potes de comida que nosotros botamos cuando salimos a la calle».
Por su parte, Yuruani Silva aseguró que las visitas están limitadas a cinco minutos semanales. «En ningún lado las condiciones son tan malas como acá, por eso están exigiendo los traslados»
Yesenia Aristeguieta y Gerardo Rivas coincidieron en hacer un llamado para que «respeten los derechos humanos de los detenidos. Ellos cometieron un error y están pagando, pero eso no quiere decir que los tienen que tratar como animales. Eso es peor que una jaula, se están enfermando con sarna, diarreas, vómitos. Están muy mal. Eso es un verdadero infierno», manifestaron.
FOTOS: Reuters
CARLOS D’HOY | EL UNIVERSAL
