A comienzos del ano 2025 la ONG Espacio Público se vio en la obligación de documentar, entre las vulneraciones, la detención arbitraria de su director, el periodista y profesor universitario, Carlos Correa
En el primer mes de 2025 registramos un incremento en el número de casos relacionados con vulneraciones del derecho a la libertad de expresión. Al cierre de enero documentamos 38 casos que se tradujeron en 67 violaciones a la libertad de expresión, principalmente 27 actos de censura y 18 restricciones administrativas.
En total se documentaron 27 víctimas, entre ellas: siete (7) páginas o plataformas web, seis (6) periodistas o reporteros, cinco (5) ciudadanos/as, cinco (5) particulares, dos (2) medios de comunicación, un (1) camarógrafo o técnico y un (1) trabajador público. También registramos nueve (9) detenciones arbitrarias, principalmente a periodistas y particulares.
La mayor parte de las violaciones registradas en enero fueron perpetradas por el Estado. 30 de ellas las ejecutaron instituciones públicas, seguidas por ocho (8) de cuerpos de seguridad, tres (3) de funcionarios/as y una (1) por el Poder Ejecutivo. 20 violaciones a la libertad de expresión fueron perpetradas por operadoras privadas de internet.
Detención y desaparición forzada de Carlos Correa
En la tarde del 7 de enero, funcionarios encapuchados -sin identificación- interceptaron y desaparecieron al periodista, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, en las inmediaciones del Palacio de Justicia, en Caracas. La acción fue ejecutada por cinco hombres a bordo de una camioneta marrón sin placa.
Ante la desaparición de Correa, su esposa y profesora universitaria, Mabel Calderín, introdujo un recurso de habeas corpus que fue recibido tras siete horas de espera en el Palacio de Justicia. El recurso fue finalmente negado por cuestiones de forma que no responden a la lógica: exigían la dirección del cuerpo de seguridad agraviante, aun cuando se desconocía dónde estaba Carlos Correa.
El defensor de DD. HH. estuvo bajo desaparición forzada hasta el 16 de enero, cuando se notificó su excarcelación. Durante los ochos días que estuvo desaparecido, los organismos de seguridad del Estado no brindaron información precisa sobre su paradero a su esposa y abogados; tampoco se informó el sitio de reclusión ni su estado de salud ni se le respetó el derecho al debido proceso, pues le fue impuesta una defensa pública.
Agresiones a periodistas
El periodista y activista Ángel Godoy fue detenido de forma arbitraria y desaparecido por sujetos desconocidos y encapuchados que lo interceptaron cuando llegaba a su casa en Los Teques, estado Miranda (norte). Godoy es defensor de DD. HH., director del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y redactor del portal informativo Punto de Corte.
Según denunció su esposa, Godoy fue interceptado por dos vehículos sin identificación cuando llegaba al estacionamiento de su casa, alrededor de las 5:30 p. m. del 8 de enero. Sus familiares y abogados acudieron a todos los centros de detención en Caracas y los Altos Mirandinos solicitando información sobre su paradero, pero les fue negada.
El 9 de enero, la oposición convocó protestas en varias ciudades del país en rechazo a los resultados anunciados por el CNE que daban la victoria a Nicolás Maduro, quien esperaba juramentarse como presidente al día siguiente. En una manifestación opositora en Maracay, estado Aragua (centro), personas afectas al oficialismo le arrancaron el teléfono al periodista Reinaldo Campins, quien cubría la protesta.
El hecho ocurrió entre la avenida 19 de abril y la calle Pichincha de la capital de Aragua, poco después de que las mismas personas obligaron a él y a otros compañeros a borrar el material audiovisual que habían captado de la protesta. Campins se encontraba haciendo un reporte para el canal digital VPITV.
También en Maracay, funcionarios de seguridad del Estado amenazaron y hostigaron a la periodista del diario El Siglo, Chiquinquirá Rivero, en el momento que cubría una protesta opositora en el sector La Redoma de La Fuente. Los efectivos la amenazaron con quitarle su teléfono por tener fotos y videos de la represión policial en contra de las y los manifestantes.
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) agredieron físicamente a los periodistas Felipe López y Joanna Barboza mientras cubrían una manifestación en la plaza La República ubicada en Maracaibo, estado Zulia (oeste). Barboza se identificó como periodista y uno de los funcionarios agresores mostró indiferencia y la insultó. A Barboza le tumbaron su teléfono celular, mientras que a López un funcionario lo golpeó en la pierna con un rolo.
En esa misma manifestación, efectivos de seguridad detuvieron de forma arbitraria al periodista y profesor universitario Edison Castro, mientras protestaba. Por su parte, en Valencia, estado Carabobo (centro) un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le arrebató el teléfono celular al periodista Randolfo Blanco por cubrir y transmitir en vivo la manifestación que se llevaba a cabo en la avenida Bolívar Norte.
En Caracas, el periodista y miembro del equipo de prensa de la dirigente opositora María Corina Machado, Julio Balza, fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) luego de cubrir la protesta opositora en el municipio Chacao del estado Miranda (norte).
La madre de Balza contó que él y su hermano fueron interceptados en el estacionamiento del Centro Comercial Sambil por varios hombres vestidos de negro con los rostros tapados, quienes identificaron al periodista y le pidieron subirse a otro vehículo. Desde su detención arbitraria, Balza se encuentra en desaparición forzada, dado que ningún cuerpo de seguridad da información sobre su paradero.
El periodista Leandro Palmar, el técnico audiovisual Salvador Cubillán y otros ocho ciudadanos y ciudadanas fueron privados de libertad bajo la acusación de de delitos de terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio y alteración del orden público, tras participar en una protesta el 9 de enero en Maracaibo, estado Zulia.
Palmar, periodista de la emisora de la Universidad del Zulia (LUZ FM), y Cubillán, asistente técnico en las producciones independientes de Palmar, estaban cubriendo la protesta opositora en la plaza La República, cuando fueron detenidos por funcionarios de la GNB.
Los días 19 y 20 de enero, funcionarios policiales y personal de seguridad de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) impidieron que los trabajadores de la prensa de los medios digitales El Mundo es un Balón y Blog Vinotinto cubrieran con fotos y videos la llegada de las selecciones participantes que participaban en el Campeonato Sudamericano Sub-20, que se lleva a cabo en varias ciudades del país.
Mientras hacían un pase en vivo desde la parte externa del aeropuerto, un miembro de la FVF hostigó al reportero que hacía la cobertura y tapó la cámara para impedir la transmisión en vivo de la llegada de selección venezolana al Aeropuerto Jacinto Lara de Barquisimeto, estado Lara (oeste).
Un día después del incidente, a través de su cuenta en la red social X, el estudiante de Comunicación Social y reportero de El Mundo es un Balón, Andrés González Vilchez, denunció que personal policial presente en el Aeropuerto Jacinto Lara les indicó que “por orden de la FVF está prohibido tomar fotos y grabar videos”
Expresión criminalizada
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, criticó y atacó al arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez, por la homilía que ofreció el 14 de enero en el marco de la visita anual de la Virgen de la Divina Pastora, en el estado Lara (noroeste).
Cabello arremetió en contra del clero y tildó a los sacerdotes de “siempre poner la nota discordante” en las misas. En la ceremonia, el arzobispo de Barquisimeto hizo un llamado a la acción y a la esperanza, subrayando la importancia de la educación y del compromiso social. En su homilía, instó a los feligreses a no dejarse vencer por el miedo y a actuar con sabiduría y solidaridad, “tal como lo hizo la Virgen María”.
El ciudadano Óscar Duque Díaz fue detenido el 19 de enero en el velódromo de San Cristóbal, estado Táchira (oeste), presuntamente acusado por incitación al odio. El gobernador oficialista Freddy Bernal afirmó que Duque “llamó a derrocar al Gobierno” y “lanzó improperios contra el presidente Nicolás Maduro”.
La detención arbitraria ocurrió en la etapa final de la Vuelta al Táchira, un evento de ciclismo que se efectúa anualmente en esa región. En declaraciones a los medios de comunicación, Bernal acusó a Duque de tener un maletín con dinero en efectivo y pagarle a otras personas “para lanzar improperios contra el presidente”. También lo vinculó con el partido opositor Voluntad Popular.
Organismos de seguridad del Estado detuvieron el 23 de enero a los ciudadanos y hermanos Franyert y Sogel, presuntamente por grabar a un funcionario del oficialismo en los alrededores de la Alcaldía del municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia.
La madre de los hermanos dijo en un video que circuló en redes sociales que sus hijos salieron en la mañana del 23 de enero a buscar hielo y agua para atender a los desplazados por el conflicto en el Catatumbo (Colombia), que se refugian en una iglesia de la localidad, cuando fueron detenidos por un cuerpo aún sin identificar.
En el estado Bolívar (sur), funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el cierre e incautación de equipos de la emisora Criolla 100.7 FM que operaba desde 2020 en el municipio Angostura de esa entidad. Los funcionarios incautaron el transmisor, el CPU y otros equipos que soportan la transmisión.
Según relató el director de Criolla 100.7 FM los funcionarios llegaron alrededor de las 8:00 a. m. del 24 de enero bajo el argumento de que la emisora operaba de forma “clandestina e ilegal”. Sin embargo, enfatizó que desde 2009 estaban esperando respuesta de Conatel referente a la solicitud de habilitación y/o concesión para operar el espacio radioeléctrico.
El gobernador del estado Trujillo (oeste), Gerardo Márquez, amenazó con detener a aquellas personas que a su juicio generen “contenidos de odio y de instigación al odio” en sus redes sociales y con hacer la “operación tún tún” en su contra, haciendo referencia a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ejecutadas por organismos de seguridad en contra de opositores.
Márquez, quien es militante del PSUV, instó a la militancia del oficialismo a “denunciar” casos de supuesta instigación al odio en contra de los partidarios del gobierno enviándoles capturas de pantalla.
En una alocución transmitida por Venezolana de Televisión y el sistema de medios públicos, Nicolás Maduro hostigó nuevamente a la agencia española de noticias EFE y la acusó de tener todos los días “una campañita sucia en contra del país”. Maduró aseguró que “todos los periodistas de EFE sirven como sicarios mediáticos contra Venezuela, son la cara del fascismo”, ataques que los estigmatiza y los hace vulnerables a futuras agresiones.
Censura digital
El 8 de enero, los principales proveedores de internet bloquearon la página web del documental “De Macedonia, con amor”, el cual proporciona información y testimonios de los sucesos de represión y violaciones a los DD. HH. luego de las elecciones del 28 de julio del año pasado. Además, VE sin Filtro reportó bloqueos a los servidores públicos DNS de Google y Cloudflare, que son frecuentemente utilizados en Venezuela para evadir la censura en internet.
En la mañana del 9 de enero, previo a la jornada de manifestaciones masivas de la oposición, el Observatorio de Internet VE sin Filtro reportó que amanecieron bloqueadas más de 230 DNS públicos, junto con 20 páginas web de servicios VPN y la red social TikTok, que en días previos ya había sido bloqueada por distintos proveedores y está bajo amenaza del Estado desde finales de 2024.
También se reportó el bloqueo por parte de la empresa estatal CANTV al sitio web de Canva, una herramienta de diseño gráfico en línea con la cual se crean publicaciones y contenidos para redes sociales y material impreso. El bloqueo fue de tipo DNS.
La red social TikTok volvió a ser bloqueada, durante unas horas, en la madrugada de los días 10, 11 y 12 de enero, en víspera y posterior a la juramentación de Nicolás Maduro. Los bloqueos fueron de tipo DNS, HTTPS/HTTP y TCP IP.
La página web y la aplicación móvil de la plataforma de mensajería instantánea Telegram fueron bloqueadas el 10 de enero, día previsto para la toma de posesión del Poder Ejecutivo. El bloqueo fue ejecutado por las operadoras CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, Airtek y G-Network con las técnicas de DNS, HTTPS/HTTP y TCP/IP.
El 11 de enero amaneció por cuarto día consecutivo con bloqueos por parte de CANTV a servidores DNS públicos, entre ellos los de Google y Cloudflare. La organización contabilizó más de 40 servidores DNS bloqueados, que suelen ser más rápidos y suelen funcionar para evadir los bloqueos que aplica el Estado a determinadas páginas web, redes sociales como X y portales informativos independientes.
Además, se reportó en redes sociales a través de videos donde funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB detienen a Wander Alejandro, ciudadano que publicó mensajes en X convocando a protestas en contra de Nicolás Maduro.
