El Ministerio del Trabajo reiteró que está garantizada la estabilidad laboral de los trabajadores de los comercios inspeccionados, frente a los temores que se han generado debido a que varios comienzan a quedar sin mercancía.
Durante el proceso de ocupación de Daka, la titular de ese despacho, María Cristina Iglesias, enfatizó que no existen riesgos laborales para ninguno de los trabajadores del país. «Vamos a tener reposicion de todos los inventarios, los trabajadores van a proteger su salario (…) Más que nunca se está protegiendo el derecho de trabajo», expresó.
Ayer fue instalada una Junta Administradora Especial, según establece la Ley del Trabajo, con miras a proteger el empleo y beneficios contractuales del personal.
Según el viceministro del Trabajo, Elio Colmenares, en toda la red comercial se está garantizando la estabilidad y el salario de los trabajadores, incluyendo las horas extras.
Mano dura
El diputado oficialista Hugbel Roa manifestó a Globovisión que «aquel comercio que pretenda botar trabajadores, que pretenda dejar a sus trabajadores por fuera y que no quiera justificar lo que está haciendo con los dólares, que los trabajadores tomen esos comercios porque no vamos a permitir ni que exista el chantaje ni que afecten a los más pequeños».
Simultáneamente, dirigentes de la Central Bolivariana de Trabajadores del estado Falcón exhortaron a las autoridades a adoptar medidas urgentes para evitar despidos masivos en la zona libre de Paraguaná.
Francisco García, portavoz de la organización sindical, señaló que ha recibido denuncias de que en los próximos días podrían producirse despidos masivos en los comercios de la zona. Según dijo, los argumentos de los propietarios son que están en quiebra producto de las medidas económicas contra la especulación.
La ministra Iglesias resaltó que «nadie tiene que quebrar por vender a pérdida, porque a nadie se le pide que venda a pérdida, sino a precio justo para el consumidor y para quien vende la mercancía».
Cabe destacar que la Ley del Trabajo establece una serie de procedimientos cuando exista peligro de extinción de las fuentes de trabajo o se concrete el cierre ilegal o fraudulento de una empresa. El Ministerio del Trabajo está facultado para intervenir en caso de ser necesario, con apoyo de los trabajadores y patronos.
La obligación de cancelar el salario, las prestaciones e indemnizaciones está por encima de cualquier otra deuda que tenga el patrono.
Fuente: El Universal
