A pesar de su potencial hídrico, ganadero y agrícola del estado Cojedes la desigualdad en la distribución de esa riqueza no está equilibrada. En toda la entidad llanera, la pobreza afecta a más del 80% de la población y quienes viven en esa situación asumen con resignación las secuelas socioeconómicas de más de 20 años de desaciertos gubernamentales. Sin embargo, todavía esperan mejoras que les permitan acceder a una vida digna.
El reflejo de ese porcentaje de pobreza se observa en muchos barrios de San Carlos, capital de Cojedes. El equipo periodístico de Cotejo.info recorrió varios de ellos y en los casos graves persisten elementos de pobreza repetitivo: calles de tierra sin asfalto ni brocales; zonas de riesgo por distribución de cableados improvisados y vecinos que cargan botellones de agua intentando solapar la escasez del servicio por tubería, planes de mejoras sin ejecutar, esperanza y exposición a riesgos de todo tipo.
Otra característica que destaca, aunque existen viviendas de bloque, es la casas hechas con bahareque, láminas de zinc o tablas de madera en las que habitan entre cinco y diez personas, en su mayoría niños. La situación es tan crítica en algunos casos, que los riesgos sanitarios por pozos sépticos abiertos dejaron de importar ante la cotidianidad de olores fuertes, roedores y mosquitos.
Un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas señala que en Miranda y Zulia la pobreza por ingresos alcanza el 86% mientras que en Cojedes, la cifra sube a 91% según la evaluación de 1.200 hogares.
Ese porcentaje claramente se refleja en el panorama de comunidades como Luis Arias Andrade, El Molino, El Retazo, 12 de Febrero, Cristo Vive, Barrio Yaracuy, Fray Pedro de Berja y El Renacer.
“Quiero hacerle una piscina a los niños”
Un ejemplo de la realidad cojedeña se encuentra en el sector 4 de la comunidad Luis Arias Andrade, conocido como Fundabarrios, donde residen Tania Marín y José Alfredo Martínez. Su hogar, compartido por varios familiares, carece de agua por tubería, aunque sí tienen electricidad. El terreno que adquirieron fue un antiguo botadero de basura, un testimonio visual del esfuerzo que han puesto en levantar su nuevo hogar.
Tania aclaró que su ocupación del terreno fue un acto de limpieza y construcción, no de invasión: “Había un montón de desechos, animales muertos, escombros. Con unas carretillas limpiamos el lugar y a los niños les dimos las chatarras para que las vendieran. Humildemente le hemos metido el pecho, mis hijas, mis nietas y mi esposo”.
Los ingresos económicos de la pareja se ven constantemente erosionados por la volatilidad e hiperinflación generada por la prolongada crisis económica. “Antes, cuando era jefa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), recibía tres bolsas de alimentos; ahora que no lo soy, solamente me dan una”, relató Tania, describiendo cómo las menguantes ayudas sociales apenas sirven como paliativo.
A pesar de las condiciones extremas y su empleo con sueldo básico en una dependencia gubernamental (Fundaimagen), José Alfredo mantiene una visión de futuro audaz para el terreno que limpiaron con esfuerzo. Sus planes no solo incluyen la casa familiar, sino la construcción de infraestructura para la cría de animales y el entretenimiento infantil. “Tengo la esperanza de hacer un galpón de gallinas de engorde y una cochinera además de una piscina para que vengan los niños del barrio”, afirmó.
El anhelo de José Alfredo por construir todo lo que relata es una metáfora de la gigantesca brecha que existe entre las aspiraciones de supervivencia y la realidad económica en Venezuela. Con un sueldo mínimo que a duras penas supera los 130 bolívares mensuales (a noviembre de 2025), la hiperinflación sostenida ha pulverizado el poder adquisitivo, haciendo que incluso la compra de alimentos sea un desafío constante.
La construcción de una vivienda básica o de cualquier infraestructura (1, 2 y 3), como la que Martínez desea para su proyecto, requiere de materiales de construcción valorados en dólares o euros, mientras que la retribución salarial en bolívares es insignificante. En este contexto, un salario gubernamental básico no cubre ni una fracción mínima de los costos de la cesta alimentaria, y mucho menos del capital requerido para cualquier proyecto de infraestructura, por modesto que sea, evidenciando la total desconexión entre la política salarial y el costo real de la vida y la construcción en el país.
La hija de Tania, madre soltera, también anhela un futuro más estable, soñando con tener su propio “terrenito”. La familia Martínez, con su arduo trabajo de saneamiento y sus ambiciosos planes, encarna la resistencia en medio de la precariedad impuesta.
Otro anhelo de construcción es el de Ramiro Paternina quien llegó hace 25 años desde Maracaibo. Hoy vive con su familia en El Molino y duerme en una hamaca afuera porque los cuartos están ocupados. Construyó su vivienda sin asistencia técnica. “No recibo ayuda. Ni siquiera el relleno para el piso que se aniega durante las lluvias. También la construcción la he hecho a duras penas”, afirmó. Sobreviven con remesas enviadas por dos de sus hijos y el trabajo de su hija menor. Su esposa está enferma. “Yo les di buena educación, nada de vandalismo”, dijo.
En Fundabarrios, Víctor Regalado también emprendió la autoconstrucción. Usó troncos para sostener las láminas de zinc atravesadas por rayos de luz. El piso de tierra sostiene un colchón, ventilador, licuadora, cocina, nevera y dos sillas. Su padre lo ayuda en las labores, mientras su madre siembra plantas.
Según la investigadora Liana Arrieta, en Venezuela el 77% de las viviendas se levantan en asentamientos informales, lo que las hace vulnerables y con riesgo de colapso.
Camino minado de pura tierra
En la avenida Universidad está la comunidad “Cristo Vive”, formada hace ocho años. Su único acceso es un camino de tierra levantado por nubes de polvo, sin aceras ni brocales. Más de 20 familias dependen de postes eléctricos deteriorados. Aunque la mayoría de las viviendas son de bloque, en el extremo de la calle aparecen casas de bahareque.
Ana María Infante, residente desde hace 15 años en el sector 12 de Febrero, vive entre aguas residuales que corren por calles de tierra con huecos y troncos. “Aquí lo que se usa es pozo séptico y ya no hay espacio para hacerlos, por eso lanzamos el agua para la calle”, explicó. Los bajones le dañaron la nevera, el televisor y el ventilador. Depende del apoyo de sus tres hijas adultas y recibe la bolsa del CLAP. No todas las calles tienen electricidad.
Tomas ilegales para iluminarse
En Fray Pedro de Berja, las familias recurren a tomas ilegales para obtener luz. Las fluctuaciones dañaron neveras, ventiladores y televisores. María Vásquez indicó que más de 60 familias viven sin cloacas, agua potable, aceras ni asfaltado, pese a solicitudes hechas a autoridades nacionales, regionales y municipales.
En El Renacer, aun con postes eléctricos, los vecinos también usan conexiones ilegales sin protección, lo que incrementa el riesgo de daños y accidentes. Al no ser usuarios formales, quedan fuera de reclamos o compensaciones.
Las familias esperan la instalación de transformadores y mejoras que les permitan incorporarse a la red eléctrica y ser atendidas por las instituciones.
Vivir en el barrio implica más que compartir un espacio con carencias: es enfrentar cada día con resiliencia, pese a la escasez de alimentos, servicios y oportunidades. En estos sectores, las historias de vida chocan con un porvenir incierto marcado por políticas públicas insuficientes que profundizan la desigualdad.
Los habitantes de las comunidades visitadas solicitan a las autoridades gubernamentales asfalto para sus calles porque se convierten en una pesadilla cuando llueve. Foto: Equipo Cotejo.info
