Un conglomerado de damnificados de los años 99, 2005 y 2010 que no han obtenido respuesta habitacional se resisten a pensar que la revolución impulsada por el ex Presidente fallecido Hugo Chávez, les haya dado tantos sinsabores sólo por levantar su voz de protesta y pedir ser beneficiados con la Misión Gran Vivienda Venezuela.
Luego de ser desalojados por autoridades regionales de los alrededores de la Dirección Ministerial de Hábitat y Vivienda, en Playa Grande, donde pernoctaron por siete meses en condiciones precarias, y obligados a retornar a sus viviendas de alto riesgo, las 63 familias que conforman el Movimiento Ciudad Carpita, todavía no tienen la remota posibilidad de ser atendidos en su reclamo.
Por encima de posibles represalias en su contra, decidieron romper el silencio, sin prejuicios de ser tildados de «guarimberos», pues ratifican abiertamente su simpatía por el actual gobierno. Con constancias en manos, Carolina Rincón asegura que no hay autoridad regional que haya sido convocada durante la pernocta y tras el desalojo, e incluso han agotado las vías para llegar a la Presidencia de la República. «El único día en que vimos a una Fiscal del Ministerio Público, fue el día del desalojo y aun así, hasta mujeres embarazadas, fueron maltratados física y verbalmente».
260 personas, incluyendo 130 infantes, entre niñas y niños, y adolescentes, se encuentran hoy en condición de «arrimados», habitando sus viviendas de alto riesgo o en el peor de los casos «del timbo al tambo», como Carolina que de lunes a jueves pernocta en casa de una amiga, pero de viernes a domingo, debe ir a un hotel para no dormir en la calle.
Advierte que entre las familias afectadas se encuentran enfermos crónicos, casos de tuberculosis e incluso madres que han perdido a sus hijos y esposos, y no cuentan con apoyo alguno. «No somos delincuentes y aunque hay personas que se hacen valer de la situación para obtener vivienda y luego venderla, no todos somos iguales (…) Hay gente profesional que se ha superado pero que no cuenta con recursos».
Por su parte, Piel José Pinto pide al gobierno nacional incorporar la Misión Prioridad, que realice una adjudicación de vivienda justa, que no obedezca a intereses particulares. «Cómo puedes brindar solución habitacional a la clase media, sin ni siquiera atender a quienes tienen menos recursos».
Haciendo referencia a la puesta en marcha del Gobierno Eficiente de Calle, asegura que el Movimiento no ha sentido la disposición de organismos como Ministerio de Hábitat y Vivienda, Instituto Autónomo de la Vivienda en Vargas, IVIVAR, Gobernación o Alcaldía, para buscar soluciones viables, al contrario, afirma que han sido excluidos sin justificación. «Fuimos calificados de invasores, pero invasores a los que se les enviaban buses para ser movilizados a concentraciones del gobierno».
Durante los siete meses que estuvieron en calidad de «invasores», paradójicamente su presencia fue avalada por los consejos comunales que hacen vida en Playa Grande, mientras que las instituciones certificaron cada una de las inspecciones realizadas en las viviendas. Exhorta a los organismos que deseen corroborar la situación actual de las familias, a ponerse en contacto a través los números telefónicos 0424-2490704 y 0412-7011425.
EL UNIVERSAL
