Si Venezuela estuviera en la época de la inquisición, ya María Lourdes Afiuni habría sido condenada con pena de muerte por ser declarada herejía (opinión divergente del contenido de la fe), aseguran sus defensores.
Desde que el 28 de noviembre de 2012 se inició formalmente el juicio contra la magistrada, el Ministerio Público pidió la comparecencia de 41 testigos para demostrar que Afiuni Mora incurrió en los delitos de abuso de autoridad y favorecimiento a la evasión por dejar en libertad condicional a Eligio Cedeño, siguiendo un pronunciamiento de la ONU que consideraba la detención del exbanquero arbitraria.
El presidente recientemente fallecido, Hugo Chávez, exigió condena de 30 años por considerarla una «jueza corrupta».
La abogada Thelma Fernández, quien comparte la Defensa con Jos´é Amalio Graterol, explicó que en siete meses, el Tribunal 17 de Juicio ha realizado ocho audiencias, en las cuales han comparecido 20 de los 41 testigos. El denominador común de las declaraciones es: «el proceso que realizó la jueza -quien ocupaba el Tribunal 31 de Control- contra Cedeño, estuvo ajustado a derecho; que hubo un allanamiento sin orden; que, aparte de los objetos propios de un tribunal, no se encontró algún elemento de interés criminalístico que dieran cuenta de algún delito».
Asimismo, «aseguraron los testigos que hubo boleta de excarcelación; no hubo promesa de dinero ni comunicación alguna entre la jueza y el empresario antes, durante y después de su encarcelamiento y lo más grave, que todos coinciden en que la detención contra Afiuni fue arbitraria».
Obligados a otorgar libertad
Fernández, aseveró que el juicio debe terminar, «aún cuando se vislumbre una sentencia absolutoria». Sin embargo, aclaró que la magistrada Marilda Ríos, debió cumplir con la Ley que establece que excedido el tiempo de detención (la pena mínima para el delito más grave es de 5 a 7 años), el proceso debe continuar con el imputado en libertad. «Si tuviéramos una sana administración de justicia, Ríos debió acordar la decisión», expresó.
Destacó Fernández que con la declaración del inspector de tribunales, Julio César Rodríguez y la de los 9 funcionarios del Sebin, se ha podido conocer las irregularidades cometidas con el caso, específicamente por los fiscales Daniel Medina y William Guerrero.
Además, «se comprobó que ambos fiscales, el 10 de diciembre de 2009, levantaron un acta afirmando que había orden de excarcelación, desecharon el documento, encontrado en una papelera ese mismo día por uno de los obreros del tribunal, y luego levantaron otra acta donde aseguraban que no hubo boleta. Rodríguez declaró que los fiscales habían ordenado incautar los objetos del Tribunal y por eso habían incurrido en delito».
Testigos claves no aparecen
Tres testigos son claves para desenrollar el caso, los ya nombrado fiscales Medina y Guerrero y la magistrada suspendida, Veneci Blanco.
Según Fernández, el Tribunal ha solicitado la presencia de los funcionarios en las dos últimas audiencias (8 y 22 de mayo) e inclusive se acordó utilizar la fuerza pública para obligarlos a comparecer pero se conoció que Blanco, Medina y Guerrero no se encuentran en el país, por lo que se acordó el movimiento migratorio.
«En aras de buscar la verdad, el Tribunal tiene que agotar todas las diligencias para que los testigos comparezcan. Hay la posibilidad de que si estas personas no aparecen, se tenga que prescindir de sus testimonios y en la Defensa no estamos dispuestos a que eso pase porque ellos tienen que explicar por qué armaron todo este tinglado y si no lo hacen, quedará evidenciado que cometieron delito», explicó Fernández.
Receptividad en el Tribunal
Fernández resaltó la receptividad de Marilda Ríos de resolver el caso. «Ha acordado todo para lograr la comparecencia de los testigos».
Sin embargo, esto no genera confianza en la defensa porque, a juicio de la abogada, «Ríos ha sido participe en violar el debido proceso de Afiuni, pues aún la mantiene encarcelada». Afirmó que la sentencia «no va a depender de los argumentos jurídicos sino de las decisiones políticas del Gobierno».
Fuente: EU
