El hostigamiento contra la oposición se ha hecho evidente no sólo a través de la mencionada acción política, sino mediante otros mecanismos como la violencia física
Oficialismo aprobó allanamiento de la inmunidad, informes y comisiones investigadoras de responsabilidad política
Tres informes de responsabilidad política aprobados, un allanamiento de inmunidad autorizado, tres comisiones especiales instaladas, dos acuerdos de condena aprobados y tres expedientes en curso en la Comisión de Contraloría. Tal es el resultado de la acción política del PSUV y sus aliados en la Asamblea Nacional este año.
Aunque las decisiones fueron presentadas como parte de la lucha anticorrupción, cuando se revisa a quiénes estuvieron dirigidas surge la duda sobre el objetivo: todas fueron medidas contra disidentes del chavismo o dirigentes y partidos de oposición. De hecho, en 12 de las 32 plenarias del primer período de sesiones de 2013, que finalizó el 15 de agosto, se agredió o adoptaron medidas contra voceros de la Mesa de la Unidad Democrática.
El abogado Juan Matheus, autor del libro La Asamblea Nacional: cuatro perfiles para su reconstrucción constitucional , observa cómo el Parlamento se ha convertido en un espacio de persecución contra quienes no comparten el proyecto revolucionario.
«La responsabilidad de Diosdado Cabello es inocultable. No sólo ha desmontado la institución y la ha llevado a su quiebra moral, sino que la ha convertido en la fuente más importante de la siembra del miedo para que la disidencia desista de sus luchas. La AN es hoy reflejo fiel de la vocación totalitaria del régimen», afirmó Matheus, doctor en derecho constitucional y parlamentario.
El hostigamiento contra la oposición se ha hecho evidente no sólo a través de la mencionada acción política, sino mediante otros mecanismos como la violencia física y la anulación de sus iniciativas al negársele todos los debates propuestos.
Sin descanso
Con el año comenzó el acoso. El primero en sentir la presión fue Richard Mardo (PJ), a quien en febrero señalaron de lavado de dinero, mientras el diputado suplente Gustavo Marcano, candidato de la MUD a la Alcaldía de Lechería, Anzoátegui, recibió una advertencia. El caso Mardo desembocó en el allanamiento de su inmunidad el 30 de julio.
En el ínterin pasó de todo . En abril se aprobó un informe de responsabilidad política contra Ylse Perozo, ex administradora del Ateneo de San Francisco, en Zulia, vinculada al diputado Julio Montoya (UNT), candidato a esa alcaldía. El mismo mes la plenaria, con el voto del PSUV, aprobó un acuerdo contra Henrique Capriles a quien acusó de haber generado la violencia postelectoral que causó la muerte de nueve personas. Además, se instaló una comisión especial, que aún no ha emitido el informe, con el fin de comprobar la responsabilidad del gobernador.
Abril fue además el mes de la violencia física en el hemiciclo. El 16 se arrojaron objetos contundentes en la cámara y Williams Dávila (AD) resultó lesionado. El 30 hubo una golpiza colectiva y 12 parlamentarios (7 de oposición y 5 del oficialismo) sufrieron heridas.
Audios, facturas y vídeos
En mayo se reactivó el proceso abierto en septiembre de 2012 contra Juan Carlos Caldera (PJ) por cobro de sobornos. Actualmente la AN espera que el TSJ solicite el allanamiento de su inmunidad.
Junio sirvió para aprobar un informe de responsabilidad política contra Alejandro Feo, alcalde de Proyecto Venezuela en Naguanagua (Carabobo) y candidato a la reelección.
En julio, la mayoría oficialista declaró la responsabilidad política del disidente chavista y ex gobernador de Monagas José Gregorio Briceño. En el documento se exhorta a la Fiscalía a investigar a la diputada María Aranguren (ex PSUV).
En julio el PSUV presentó el audio de una conversación privada de María Corina Machado (Independiente) y creó una comisión que investiga presuntos delitos contra la soberanía.
Nancy Ascencio (PSUV) declaró sobre la existencia de acciones ante el TSJ para allanar la inmunidad de Andrés Velásquez (La Causa R).
En agosto presentaron facturas como pruebas de blanqueo de capitales por Oscar López, director del despacho de la Gobernación de Miranda, así como fotografías de dirigentes de PJ acusándolos de prostitución. El 13 de agosto se aprobó un acuerdo de condena contra PJ. Una comisión del PSUV consignó pruebas en Fiscalía.
La Comisión de Contraloría sustanció expedientes contra el gobernador de Lara, Henri Falcón, y los ex gobernadores Pablo Pérez y Henrique Salas.
Además fue admitida una denuncia contra el ex gobernador oficialista Enrique Maestre por anomalías en la rectificación presupuestaria de 2012 .
