En vista de que el lenguaje guerrerista es común dentro de las filas del Gobierno, se puede decir que durante el 2013 en la Asamblea Nacional hubo tres caídos y por lo menos seis más quedaron en la mira. Todos representantes de la oposición venezolana que entre allanamientos de inmunidad parlamentaria, responsabilidad política e investigaciones son objeto de la función contralora del Poder Legislativo, que solo se evidencia contra aquellos que integran la Mesa de la Unidad Democrática.
Dejando de lado la agresión física que sufrieron en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo diputados como Américo de Grazia (La Causa R- Bolívar), Williams Dávila (AD- Mérida) y María Corina Machado (Independiente- Miranda), la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emprendió otras acciones contra los opositores.
El diputado Richard Mardo (PJ- Aragua) ya no ocupa su curul en el Parlamento, pues su inmunidad fue allanada el 30 de julio. Misma suerte corrió María Mercedes Aranguren (Independiente- Monagas) quien también fue separada del cargo para dar paso a su suplente (Carlos Flores) quien fue el voto 99 para aprobar la Ley Habilitante solicitada por Nicolás Maduro.
Además de estos allanamientos, la Asamblea también declaró la responsabilidad política al gobernador del estado Lara, Henri Falcón, por supuestamente haber incurrido en irregularidades administrativas durante su gestión.
Por otra parte, la AN también inició averiguaciones contra otros dirigentes de la Unidad. Henrique Capriles Radonski, María Corina Machado, Juan Carlos Caldera, los exgobernadores Pablo Pérez, Henrique Salas Feo, Morel Rodríguez, entre otros representantes de la oposición, están en la mira de comisiones que los investigan.
Para el politólogo Edgar Gutiérrez utilizar las instituciones para perseguir a los opositores es una «política de Estado» que en el 2013 también empleó al Poder Legislativo. Recordó que desde el Ejecutivo se han restado competencias a poderes locales y desde la Contraloría General de la República se han inhabilitado personas. «Es una forma para sacar adversarios de la competencia política. Es como el Gobierno entiende la política, donde ve a la oposición como enemigos», comentó.
Gutiérrez agregó que no debería extrañar si con los poderes habilitantes que tiene el presidente Maduro se incorpore una figura como la inhabilitación política de por vida, tal y como existe en otros países.
El analista también considera que aquellas investigaciones que ya se abrieron en el seno del Parlamento pero que todavía no han mostrado resultados, podrían activarse «cuando sea conveniente». «Hay un orden de prioridades de ver a quién ataco primero, a lo cual se suma el costo político. No es lo mismo acusar a María Corina Machado que a Henrique Capriles. En función de lo que vengan van a venir los expedientes y las acusaciones», señaló el politólogo.
Fuente: El Universal
