En poco más de cuatro meses de funcionamiento, el capítulo Táchira de la Fundación No a los Biopolímeros ha conocido 160 casos tanto de hombres como de mujeres que se han inyectado estas células expansivas para mejorar su aspecto físico y actualmente sufren las consecuencias de haberse aplicado el producto, que fue prohibido en el país con fines estéticos en diciembre de 2012.
A Sandra Lizz Pedroza le colocaron hace seis años biopolímeros que tiempo después migraron a la columna. La sustancia intentó salir del cuerpo y fue entonces cuando le colocaron gasas con pegamento de alto impacto (pega loca). Le dijeron que era normal. Ella es estilista y en las mañanas el esfuerzo es sobrehumano para ir a trabajar porque la parte baja de la espalda y cadera amanecen inflamadas.
Comenzó a tener contacto con miembros de la organización en Caracas y se fue a un foro realizado en Valencia para conocer las opciones que tenía. Luego de unos meses y de colaborar activamente, le solicitaron que fuera la representante en Táchira de la Fundación No a los Biopolímeros.
Explicó que la mayoría de afectados en la entidad son por la colocación en los glúteos de esta sustancia que a veces mezclan con aceite de motor o de bebé. Quienes lo aplican lo promocionan como un medicamento sin contraindicaciones ni consecuencias porque es absorbido por el cuerpo. Ella y sus compañeras transformaron su dolor y preocupación en ayuda y orientación a quienes transitan por la misma situación. Cada caso significa revivir sus historias personales.
«Un colega tiene biopolímeros en piernas, cadera y glúteos y lamentándolo mucho tiene un proceso inflamatorio severo. Hasta la mitad de la columna llegó la migración y tiene una pierna muy afectada. Me ha conmocionado porque es amigo desde hace tiempo y es muy joven. He querido ayudarlo pero no se ha dejado.
Si no se trata, puede perder la pierna», comentó. Encienden las alarmas. El fallecimiento de dos mujeres en menos de ocho meses en el mismo centro médico estético durante intervenciones de liposucción hizo que comenzaran a salir a la luz pública los casos de pacientes afectados no sólo por estas cirugías, sino también por la aplicación de biopolímeros.
En el Consejo Legislativo del Táchira se constituyó una comisión para recibir los casos. Los duros testimonios de estas personas llevaron a que se iniciara una investigación sobre los sitios y las personas que están llevando a cabo estos procedimientos.
Dos grupos se integraron esta comisión. Uno lleva los casos de mala praxis médica durante procedimientos quirúrgicos y el otro los de aplicación de biopolímeros y otras sustancias.
«Esta sustancia nunca puede salir del cuerpo y la operación para tratar de sacar 70% de la sustancia tiene un costo extremadamente alto. Se están haciendo diligencias para llevar una propuesta a la Asamblea Nacional para solicitar una ley que posibilite la extracción gratuita y obligatoria de biopolímeros como sucedió con las prótesis mamarias PIP. Estamos trabajando en un anteproyecto y dispuestos a acompañar a estas personas a la Asamblea», dijo Neyiver Lugo, diputada de la legislatura tachirense que encabeza la comisión sin adelantar detalles de este planteamiento.
En el caso de los pacientes afectados por mala praxis médica están dándole forma a una fundación en la que puedan prestar asesoría legal y psicológica a quienes resulten víctimas de estos procedimientos estéticos.
Tanto los afectados por estas operaciones estéticas como familiares de quienes han fallecido por estas prácticas, han expuesto sus casos en medios de comunicación de manera de llamar la atención de las personas que piensan someterse a estos procedimientos para que se documenten sobre los lugares donde los hacen, las consecuencias y las credenciales de quienes los llevan a cabo.
El otro flanco, el legislativo, ha adelantado acciones ante los organismos de seguridad y el Ministerio Público «para mover» los casos y que prosigan las investigaciones contra médicos, esteticistas y centros de salud y sigan su curso en instancias judiciales.
En las indagaciones realizadas determinaron que unos 12 quirófanos funcionan en San Cristóbal clandestinamente, pero cuando fueron a ejecutar las inspecciones en 3 de ellos éstos habían desaparecido «mágicamente».
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