Entre los empresarios existe la expectativa por los posibles cambios en la Ley Orgánica de Precios Justos (Lopj) anunciados por el presidente Nicolás Maduro, quien dijo que habría una “ley más justa”, porque según él, “algunos lograron darle la vuelta” para vender con sobreprecio.
Los comerciantes tienen opiniones divididas sobre los posibles contenidos y modificaciones que pueda sufrir el texto orgánico, según explicó el director de análisis financiero de la Alianza Nacional de Protección al Comerciante (Anprocom), Eduardo Rojas.
Rojas detalló que algunos empresarios consideran que la Lojp se enfocará en imponer más sanciones a los que se dediquen a la reventa de artículos clasificados por el Estado como de primera necesidad, a la especulación, acaparamiento y sobreprecio.
Los gremios industriales se encuentran analizando esa posibilidad. Sin embargo, el sector comercio se mantiene en “expectativa positiva” porque considera que la reforma legal esté encaminada en cambiar el porcentaje del margen de comercialización establecido, ya que varios sectores de la economía han manifestado que la cifra fijada es insuficiente para cubrir sus costos, explicó el representante de Anprocom.
Hasta ahora el margen de comercialización establecido por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) es de 54% que se suma al 30% de ganancia tope para el productor o improtador. Ese 54% se dividida entre todos los eslabones de la cadena de comercialización.
Según estipula el artículo 32 de la Lopj, en ningún caso el margen de ganancia de cada actor de dicha cadena excederá treinta (30) puntos porcentuales “de la estructura de costos del bien o servicio”. El objetivo de este normativa es minimizar la intermediación.
La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Cipriana Ramos, explicó que las expectativas de buena parte de sus agremiados es que la normativa legal sea derogada, es por eso que “pedimos la nulidad de la ley”.
Esa es la misma postura que tiene la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). En reiteradas oportunidades el presidente de este gremio, Jorge Roig, ha solicitado sea derogado el instrumento legal por considerarlo perjudicial para la economía.
Fue el pasado 12 de mayo cuando el primer Mandatario anunció cambios en la dinámica para fijar los precios de los bienes y servicios. En esa oportunidad dijo que publicarían un nuevo esquema de la Ley de Precios Justos: “Este nuevo esquema nos permitirá consolidar otras modalidades para el establecimiento de los precios justos y de fijación, fiscalización y cumplimiento obligatorio de los precios justos en el país”, agregó.
Hace dos meses el exsuperintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, declaró que había entregado a la vicepresidencia de la República, ente al que está adscrita la institución que dirigió, el documento para establecer un margen de comercialización. Es decir que ese 54% se elevara dependiendo de cada sector.
Hasta la fecha se desconoce si tras los cambios anunciados en el instrumento legal el actual quede sin efecto y se legisle en esta materia bajo otra denominación.
Fuente: El Mundo