El fiscal general de la nación, Tarek William Saab, , informó que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra cuatro (4) civiles vinculados directamente al caso del naufragio en Güiria, también están siendo buscados siete (7) miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la policía militarizada adscrita a la Fuerza Armada, señalados por este caso.
Explicó que los funcionarios, según las averiguaciones de la Fiscalía, habían detenido al dueño de la embarcación cuando traía a varias personas desde Trinidad y Tobago y para no reportar este hecho ante la Fiscalía, le cobraron 4.500 dólares.
Detalló que el propietario de la embarcación y el dueño de la finca desde donde partió la embarcación están detenidos.
Saab insistió en que esta ruta ha sido de uso habitual, pero ahora está «tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de emigrantes e incluso a la trata de personas».
«Las mafias permean a las autoridades locales, que no están exentas de ser investigadas», dijo y aseguró que las autoridades están trabajando para desarticular a la organización responsable de estos hechos.
Tanto el fiscal como el Ejecutivo han denunciado una campaña por parte de dirigentes de la oposición y medios de comunicación que busca, según las autoridades venezolanas, sacar rédito político de este «extraño» accidente y atacar a la llamada revolución bolivariana.
Los venezolanos que fallecieron viajaban en una frágil embarcación destapada, denominada peñero y usada frecuentemente para labores de pesca cercanas a la costa, que había zarpado del estado Sucre, uno de los más pobres de Venezuela.
Sucre conforma un golfo, el de Paria, junto a los estados Monagas y Delta Amacuro. Apenas a unos kilómetros se encuentra la isla de Trinidad, un trayecto corto pero que incluye el paso por los estrechos de Bocas del Dragón que entrañan riesgos para las frágiles embarcaciones.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y publicada en julio pasado, en Sucre el 67 % de los habitantes viven bajo el umbral de la pobreza extrema.
En Monagas, es el 68 % de los ciudadanos el que vive en esas condiciones y en Delta Amacuro el 70 %
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