Este lunes inició en Ginebra el 51 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se votará para decidir si se renueva o no el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La Misión fue creada en 2019 y su mandato se renovó en 2020 por un periodo adicional de dos años, que culminan este mes de septiembre de 2022. Durante estos tres años ha investigado las graves violaciones ocurridas en Venezuela, las cadenas de mando responsables de estos crímenes y el rol del sistema de justicia chavista para perpetuar la impunidad.
Desde los sectores democráticos de Venezuela y organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han instado a los miembros del Consejo de la ONU a renovar nuevamente el mandato de la Misión.
“La Misión de expertos sobre Venezuela de la ONU ha desempeñado un papel fundamental para mostrar al mundo las gravísimas violaciones a los DDHH que el régimen venezolano ha cometido y sigue cometiendo en el país. Abogamos por su renovación en pro de lograr justicia y reparación. Los gobiernos de América Latina deben liderar los esfuerzos para que siga la Misión en la votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hacemos especial énfasis en la decisión que tomará el Gobierno argentino, es una oportunidad para volver a estar al lado de los DDHH”, expresó la activista Elisa Trotta Gamus.
Ya en 2020 la delegación de Argentina, encabezada por el embajador Federico Villegas Beltrán, votó a favor de renovar el mandato de la Misión.
Ese año la Misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
En su segundo informe, publicado en 2021, la Misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.
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