Los últimos tiempos han sido complicados para la Universidad Central de Venezuela. Su deterioro ha sido visible en todos los aspectos, consecuencia, principalmente, de lo que ha sido descrito como un “proceso de destrucción por diseño”, efectuado desde el gobierno. En este sentido, diversos informes han mostrado su crisis en la docencia, la investigación y la extensión, las tres actividades que la definen de manera general, venidas a menos, sobre todo, aunque no sólo, por la falta de recursos presupuestarios. Dicha crisis se deja ver en la emigración de profesores, la deserción de estudiantes, la mengua de la investigación y de los estudios de posgrado, aspectos estos que integran una lista larga y variada que hace parecer su funcionamiento casi como un milagro institucional.
No sólo es cuestión del financiamiento, debe advertirse, porque por otro lado las políticas oficiales han vulnerado su autonomía e ignorado los preceptos y valores que vertebran el ethos universitario. Es obvio, así pues, que, para el gobierno, la UCV junto con el resto de las universidades públicas autónomas hayan sido organismos incómodos, por decir lo menos, lo que explica, de paso, que se haya dado a la tarea de crear un sistema paralelo de educación superior, acorde con el “proyecto revolucionario” y orientado, por tanto, hacia las carreras consideradas “prioritarias para el desarrollo del país”, entre las que, por cierto, las ciencias sociales y humanas tienen, apenas, una discreta figuración. “Hay más universidades, pero igualmente menos Universidad”, dijo en su momento y con el acierto de costumbre el profesor Orlando Albornoz.
Pero, en honor a la verdad, para la comprensión de la grave situación señalada hay que sumar, sin duda, la indiferencia de una parte importante de la comunidad universitaria, las desavenencias internas entre algunos de sus sectores y el desacierto y hasta el descuido de sus autoridades frente a las dificultades que han venido agobiando a la UCV en todos sus espacios.
Así, en el marco general descrito en las líneas precedentes, no resulta extraño, para nada, el hecho de que durante alrededor de 15 años el gobierno haya obstaculizado la realización de elecciones, las cuales debieron celebrarse en el año 2012. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia produjo una decisión en la que se apuntaba que la convocatoria debía comprender a todos los sectores de la universidad (incluyendo al personal obrero, al personal administrativo y a los egresados, cuya participación no estaba estipulada por la ley) y estableciendo, además, el mismo peso en el voto para todos ellos. Obviamente todas las universidades públicas autónomas se opusieron a celebrar los comicios bajo condiciones que tacharon de inconstitucionales.
Sin embargo, el 27 de febrero de 2020, a través de una nueva sentencia, el TSJ dejó sin efecto la medida cautelar de agosto de 2019, “atendiendo al compromiso de las representaciones de las universidades nacionales de renovar democráticamente las autoridades, cuyo período está largamente vencido”.
Así las cosas y a partir de conversaciones realizadas entre representantes académicos y funcionarios gubernamentales, el Consejo Universitario de la UCV aprobó un Reglamento Electoral Transitorio, que, si bien ampliaba el derecho al voto a todos los grupos integrantes de la comunidad ucevista, tal como lo exigía el TSJ, por otro lado, definió un peso distinto en los sufragios emitidos por cada sector. De esta manera, en las venideras elecciones a los profesores les corresponde 100% (1:1) a los estudiantes regulares de pregrado 25% (4:1), a los egresados 5% (20:1), al personal administrativo 10% (10:1) y al personal obrero 10% (10:1).
Con base en el acuerdo alcanzado, el pasado mes de enero el Consejo Universitario fijó el 26 de mayo como fecha para efectuar la escogencia de las cuatro autoridades rectorales, los once decanos, los delegados profesorales al cogobierno, los Consejos de Escuela y de Facultad y los representantes al Consejo Universitario. Igualmente dispuso que en los casos en que hubiese empate se celebraría una segunda vuelta el 2 de junio.
Por otra parte, se convino en que el Reglamento sería derogado al término de las votaciones ucevistas y que las mismas no se realizarían con el apoyo del CNE, sino valiéndose de los equipos de lectoras ópticas con los que cuenta la propia institución.
Tal vez sean estas las elecciones internas más difíciles que le han tocado a la UCV, en el transcurso de su historia más reciente. Lo son porque ocurren en un escenario, el de nuestro país, cuyas complicaciones en todos sus ámbitos resultan difíciles de exagerar. Y lo son, además, porque suceden en momentos en los que nuestro planeta experimenta en todos lados transformaciones profundas y aceleradas que reclaman otros códigos, completamente diferentes a los del siglo XX, para pautar la organización de la vida humana.
No se trata, entonces, de ir a unas votaciones solo para que haya nuevas caras en la dirección de la institución, lo cual no deja de ser relevante, desde luego. Se trata, así mismo, de que la comunidad universitaria se implique en la ineludible transformación de la institución, a través de una reflexión colectiva que abra la posibilidad para la creación de consensos en torno a nuevos objetivos, funciones y estructuras organizativas. Se trata, pues, de iniciar a partir de estos comicios un proceso evolutivo que le permita a la UCV ponerse a tono con las claves que trazan estos tiempos.
En suma, este acuerdo al que se ha llegado mediante el diálogo entre el gobierno y la academia constituye una buena noticia. Ojalá le deje lecciones positivas a un país urgido de pactos para zanjar sus tribulaciones políticas.
Editorial de El Nacional
