España es una monarquía constitucional, con un sistema parlamentario profundamente democrático. El presidente Pedro Sánchez, luego de que las fuerzas políticas que lo apoyan perdieran la mayoría de los municipios y comunidades, en las últimas elecciones convocadas para renovar sus mandatos, tomó la decisión de disolver las cámaras y convocar elecciones generales.
Fue un gesto democrático, pues su argumento fue que si los principales partidos que le dan sustento a su gobierno salieron derrotados (PSOE y Unidas Podemos), lo políticamente correcto era convocar elecciones generales. Lo que critica la oposición, al presidente, es la oportunidad en que las ha convocado (en plenas vacaciones de verano), lo que interpretan como un ardid, para que se produzca una abstención que lo pueda favorecer. Sin embargo, la masiva participación de votantes por correo, que es una potestad atribuida a los ciudadanos por la Ley Electoral, para votar anticipadamente, está demostrando que, si era un ardid para estimular la abstención, esa añagaza habría fracasado. Los españoles decidieron participar, por correo o personalmente, lo que habla muy bien del espíritu democrático de los ciudadanos de este gran país, ejemplo de democracia para Europa y, sobre todo, para Iberoamérica.
Ahora bien, el tema que está ocupando el mayor espacio noticioso, ante las próximas elecciones, son los pactos y acuerdos que se sabe deben ocurrir entre las diversas tendencias políticas. Debate que se ha adelantado, habida cuenta de la necesidad de hacerlo, aquí y ahora, en las comunidades y ayuntamientos recién electos. Obviamente, donde ningún partido haya obtenido mayoría absoluta.
Hay dos tipos de análisis que se están haciendo, en torno al espinoso tema de los pactos en desarrollo, sobre todo donde ha habido más discrepancias, entre el Partido Popular y Vox, que ha sido en las comunidades de Extremadura y Murcia. El primer tipo de análisis es el más equilibrado, por no provenir de intereses políticos de la izquierda, pues esta saca ventaja de las desavenencias entre estos dos partidos.
Nos referimos a los analistas más imparciales que ven estas diferencias públicas como una torpeza que desacredita a ambas agrupaciones (PP y Vox), las que deben empinarse por sobre sus naturales diferencias, para evitar gobiernos socialistas y de izquierda en sus respectivas jurisdicciones. Las otras críticas, las que vienen del campo de la izquierda, son poco objetivas y bastante desubicadas, por decir lo menos, ya que el gobierno que está finalizando ha hecho pactos con fuerzas tan disímiles y contradictorias que sus adversarios le colocaron el mote de “gobierno Frankenstein” para indicar su enrevesada composición.
En efecto, a Pedro Sánchez cada día la oposición le recuerda aquella negativa rotunda suya, hecha pública por diversos medios de comunicación, a realizar pactos con EH Bildu y con Unidas Podemos, al extremo de negarse en redondo a cualquier tipo de pacto con los primeros y afirmar que si pactara con Iglesias (jefe de UP) no podría dormir ni pegar los ojos si esta gente entraba en el gobierno. Ahora, visto lo ocurrido, el presidente afirma que no ha mentido, sino que cambiado de posición por razones políticas pragmáticas.
La verdad es que, tanto en los sectores de la izquierda como sus contrarios están obligados a realizar esos pactos, porque es mandato constitucional y legal en España. En efecto, el artículo 99 de la carta magna lo establece taxativamente.
Con esta disposición constitucional se deja claramente establecido que si un partido político, en la elección general convocada para escoger a los parlamentarios, no obtiene la mayoría absoluta para constituir el Congreso de los Diputados, tendrá la obligación de concertar acuerdos con otras fuerzas políticas para poder formar gobierno. Si lo logra, podrá entonces el presidente del Congreso elegido por ese acuerdo mayoritario presentar el nombre del candidato al rey, para que este proceda a su designación. De no lograrse el acuerdo mayoritario, en el transcurso de dos meses, el rey disuelve las Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso.
Ahora bien, vistas todas las encuestas demoscópicas realizadas hasta ahora, ninguno de los dos grandes partidos (Psoe Y PP) obtendría mayoría absoluta, en las próximas elecciones convocadas para este próximo mes de julio. Así que se verán obligados a buscar alianzas con otras fuerzas parlamentarias, para poder formar gobierno.
Si el PP saca la primera votación y necesita los votos de Vox, para poder formar gobierno, lo va a hacer y no es ningún pecado, ni muchos menos una ilegalidad. Estará pactando con un partido legal en España y que no tienen, sus integrantes, ninguna causa judicial pendiente. Ahora bien, si quien logra conformar una mayoría es el PSOE, así sea una vez más, con los separatistas vascos y catalanes; Mas Madrid (alianza de partidos de izquierda donde también está Unidas Podemos) e incluso H Bildu, también será una alianza que se desprende de disposiciones constitucionales y legales.
Lo único que debería analizar y ponderar el electorado español, pensando en estos necesarios e imprescindibles pactos, es si sus integrantes para conformar gobierno, a cualquier precio, convengan en socavar las bases democráticas e institucionales que ha permitido que España sea una sociedad unida, de progreso y libertad. La democracia requiere vivirla en paz, pero también defenderla de quienes utilizan sus instituciones para atentar contra ella, conspirando contra el Estado de Derecho, estimulando las divisiones e incentivando el odio entre sus ciudadanos. Todo lo demás les está permitido a los partidos políticos democráticos, para poder constituir gobiernos sólidos y estables. Es mandato legal.
“De la ley a la ley a través de la ley” ordenaba don Torcuato Fernández Miranda, para hacer viable la transición democrática española. Estimamos que no está demás seguir oyendo las voces que impulsaron esta democracia, después de una guerra que no dejó vencedores ni vencidos, sino víctimas en todos los sectores.
Editorial de El Naciona
La delegación del PP y la de Vox llegaron a un acuerdo en la Comunidad Valenciana / Europa Press
