El uso abusivo de aviones oficiales de las Fuerzas Aéreas Brasileñas (FAB) por los altos líderes políticos ha aumentado un 39% durante el mandato de la presidenta Dilma Rousseff.
Hace dos semanas, en plena protesta callejera contra los gastos superfluos de los políticos, considerados dinero de corrupción sustraído a la población, cuatro altos cargos fueron descubiertos usando aviones de las FAB para fines privados. Fueron el presidente del Congreso, Henrique Alves, que usó un avión oficial para llevar a la final de la Copa de las Confederaciones, en el estado Maracaná de Río, a su novia, amigos y familiares; el presidente del Senado, Renán Calheros, que fue a la boda de un diputado amigo; el ministro de la Previsión Social, Garabaldi Alves, para ir también a un partido de fútbol, y el gobernador del Estado de Río, Sérgio Cabral, que usa cada fin de semana un helicóptero del Gobierno para ir de vacaciones a 80 kilómetros de Río llevando a su mujer, a las empleadas domésticas y a su perro. Entre ida y vuelta y viajes para hacer compras, el helicóptero oficial suele hacer media docena de vuelos semanales.
En un primer momento trataron de justificar dichos viajes por tratarse de personalidades que cuando viajan lo hacen, según ellos, representando su función oficial. Presionados por la opinión pública, todos ellos acabaron devolviendo el dinero al Estado. Cabral entregó el helicóptero al Cuerpo de Bomberos.
La presidenta Rousseff afirmó que “no era una cosa seria” ese uso abusivo de aviones oficiales para fines particulares.
Desde 2002, los viajes oficiales de ministros y altos cargos de la Administración pública están restringidos a casos de emergencia médica o cuando, tratándose de una misión oficial, no existen vuelos civiles en ese momento y para ese lugar. Al llegar al poder, Rousseff pidió que los políticos usasen estos vuelos civiles los fines de semana, cuando muchos salen de Brasilia. La Administración paga estos desplazamientos a ellos a sus familias. Sin embargo, en su mandato, no solo no fue obedecida sino que dichos vuelos (llamados «de la alegría») han aumentado casi un 40% según datos del diario O Estadâo de Sâo Paulo. Aun cuando aparecen como misiones oficiales, acaban siendo usados para fines partidistas en sus respectivos colegios electorales.
En el último semestre, los vuelos realizados por autoridades del Gobierno en aviones oficiales suponen un trayecto de 10 veces la ida y vuelta a la luna: 5.800 vuelos, calculados en 45 millones de reales (casi 20 millones de dólares), según Fernando Catalano, del departamento de ingenieros de la FAB de São Paulo.
Jorge Hage, ministro jefe del Control general de la Unión, que nunca ha viajado en un avión oficial, considera que si el trayecto del viaje del político es más barato y existe en vuelos civiles es “oportuno y recomendable” no usar los aviones de la FAB.
A partir de ahora y después del control ejercido tanto por la opinión pública como por los medios de comunicación, que tiene acceso a los datos de gasto oficial a través de la nueva ley de transparencia, a los políticos les serán más difíciles realizar esos “vuelos de la alegría”, una anomalía en los gastos públicos que paradójicamente no fue denunciada en las manifestaciones de los sindicatos del jueves pasado. Esas críticas son típicas del movimiento de los espontáneos, muy sensibles a los gastos inútiles de la Administración pública. En Brasil, uno de los países con mayores cargas fiscales del mundo, un trabajador debe entregar al Estado en impuestos el equivalente a cuatro meses de su sueldo.
Fuente: El País
