La comisión, integrada por 21 senadores, escuchó hoy al fiscal del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, quien el año pasado detectó las irregularidades fiscales que le han dado pie a la oposición para iniciar el proceso, y a otros dos expertos en asuntos de derecho financiero y gestión pública.
La comisión escuchará mañana a tres testigos presentados por la defensa y prolongará sus debates hasta el viernes, cuando decidirá si la causa será archivada o remitida al pleno del Senado, que en ese último caso decidirá la semana próxima si instaura el juicio, con lo que Rousseff sería separada del cargo durante 180 días.
El fiscal De Oliveira insistió hoy en que la mandataria incurrió en “graves irregularidades” relacionadas con maniobras contables que maquillaron los resultados del Gobierno y permitieron omitir de los balances oficiales unas abultadas deudas con bancos públicos y alteraciones de presupuestos no ajustadas a las normas.
De Oliveira fue enfático al asegurar que esas maniobras tuvieron un enorme impacto en las finanzas y en la credibilidad del Estado y afirmó que representaron “un daño equivalente al que causa la corrupción”.
La investigación realizada por el fiscal constató que en 2014 el Gobierno no depositó en la banca pública, usada como agente de pago, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a familias más pobres y créditos agrícolas, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que en 2014 cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 11.428 millones de dólares).
De Oliveira explicó que esas irregularidades comenzaron en 2013, pero aclaró que al día 31 de diciembre de ese año el Gobierno llegó a cubrir todas sus deudas con la banca pública.
EFE
