El 8 de abril próximo Venezuela deberá presentar la contramemoria correspondiente para refutar la argumentación de Guyana acerca de la validez/nulidad del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899.
Hasta ahora, sin embargo, en medio de la mayor opacidad, no se ha solicitado la opinión a la academia, de los expertos, de los especialistas en la materia y menos aun se ha informado si se va a comparecer. Es decir, si se van o no a defender, como es debido, nuestros intereses en este proceso en el que se juega el destino de la reclamación histórica que los gobiernos democráticos habían siempre planteado y defendido.
Mientras tanto, Guyana avanza en sus pretensiones de facto, ante la inacción y el silencio de Caracas. En los últimos tiempos ha firmado acuerdos de cooperación con algunos países, especialmente en el área petrolera, y ha otorgado concesiones para la exploración y explotación de petróleo en aguas que están fuera de su jurisdicción, en los espacios que proyecta el territorio Esequibo, en disputa ante la Corte e incluso, lo que es muy grave, en espacios que integran el territorio marítimo venezolano. Así lo ha destacado la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en un extraordinario informe de diciembre pasado que ilustra con detalles y fundamentación esta realidad.
El gobierno se ha limitado a protestas públicas, más con fines políticos dirigidas a sus pocos seguidores que a Guyana como Estado que actúa en violación de nuestros derechos, lo que podría tener un significado jurídico importante. El silencio o la falta de protesta formal, cuando hay que reaccionar, se podría traducir en aquiescencia, es decir, en el reconocimiento de la pretensión jurídica del otro. Ese es el sentido de la protesta como declaración unilateral según el derecho internacional, interrumpir o detener tal pretensión.
Venezuela no solamente debería protestar enérgica, clara y formalmente por los actos de Guyana que contradicen el Acuerdo de Ginebra de 1966, el Derecho Internacional y las relaciones de buena vecindad sino recurrir a la Corte, cuya competencia ha quedado definitivamente establecida, y solicitar la indicación de medidas provisionales o cautelares para impedir que Guyana siga realizando actos contrarios a sus compromisos con Venezuela.
Nos preguntamos si el régimen tiene la voluntad real de defender nuestros intereses y de luchar por el Esequibo o si contrariamente está dispuesto a dejar de lado la reclamación como lo había sugerido de la manera más irresponsable Hugo Chávez en su momento, para ajustarse a las imposiciones de La Habana.
El régimen tiene la obligación de informar lo que hace en este proceso, solicitar opinión acreditada y actuar con inteligencia y oportunidad en defensa de nuestros derechos, de lo contrario estaría comprometiendo su responsabilidad ante la historia.
Editorial de El Nacional
