Una vez que ha sido aprobada la ‘Ley para el desarme y el control de armas y municiones’, el debate sobre la cuestión de las armas en Venezuela, debería continuar. La discusión planteada debería ir más lejos y hacerse más profunda. Cumplir con el desarme de la población es un objetivo deseable, sobre esto no hay dudas. Pero no puede ser el único programa si, a fin de cuentas, de lo que se trata es de lograr una reducción significativa de las realidades de la violencia.
Personas expertas en el tema han hecho dos señalamientos que, hasta ahora, no han sido contestados por el poder: el primero, ¿por qué, de forma simultánea a la aprobación de la ley, se ha anunciado la creación de milicias obreras? Y, segundo, ¿por qué la ley guarda silencio en relación a los colectivos armados, organizaciones paramilitares que actúan abiertamente en el espacio público, y declaran suapoyo al régimen? ¿No están estos grupos fuera de la ley? ¿Por qué, a pesar de sus recurrentes desmanes, delitos y desconocimiento de las autoridades, no se produce una decisión que los desactive? ¿Por qué estos colectivos están protegidos y gozan de impunidad?
Lo anterior nos conduce a una conclusión: el propósito de desarmar a la población no puede tener excepciones ni privilegios. Porque de continuar con la conducta de hacerse la vista gorda con estos grupos, el objetivo del desarme fracasará de forma estrepitosa, como es ya característico de todos los programas de reducción de la violencia real que se han emprendido a lo largo de catorce años.
En otras palabras: desarmar no es suficiente. Al contrario, una de las consecuencias del texto aprobado, que define toda una estructura de permisos para las instituciones y personas que están obligados a trabajar armados, como los profesionales de la seguridad y el transporte de valores, bien podría ser la apertura de un nuevo negocio para el enriquecimiento de los funcionarios a quienes corresponda otorgar las autorizaciones correspondientes.
Pero hay más: para desarmar a la población, el poder venezolano tendría también que desarmar su lengua y sus modos de actuar. Tendría que cumplir con la ley. Dejar atrás su fraseología de odio y esa lesiva y recurrente práctica que consiste en insultar, difamar, formular falsas acusaciones y amenazas a la mitad del país que se opone a sus pretensiones dictatoriales.
La utilización de uniforme militares como símbolo de reafirmación de dominio y amenaza a los disidentes; la afirmación hecha una y otra vez, de que la revolución es y debe ser una revolución armada; la apelación no fundamentada a supuestas conspiraciones, proyectos de magnicidio y tramas afines: todas son incitaciones a la violencia. A lo largo de 14 años el régimen imperante ha tenido como su principal política pública atizar las brasas de la confrontación. Y no ha sido en vano: las cifras hablan por sí mismas. Ahora ese poder armado de odio se encuentra en una disyuntiva: que para que el desarme sea verdaderamente efectivo debe ‘desarmar’ su modo de ejercer la política.
Por El Nacional
