Dijo el otro día el papa Francisco que jamás había visto un coche de mudanzas detrás de un entierro. Desde que fue elegido, hace ahora 100 días, el argentino Jorge Mario Bergoglio no desaprovecha la ocasión para lanzar un mensaje, de obra o de palabra, contra la tentación del dinero, sobre todo de puertas adentro de la Iglesia. A sus gestos de no habitar el lujoso apartamento papal, reducir la escolta o renunciar a las principescas vacaciones en el palacio de Castel Gandolfo se añade ahora una decisión de mucho calado: la creación de una comisión para investigar la situación económica y jurídica del banco del Vaticano, el siempre polémico y oscuro Instituto para las Obras de Religión (IOR). La comisión, que estará presidida por el cardenal salesiano Raffaele Farina, de 80 años, tendrá como fin último la reforma del banco para que “los principios del Evangelio impregnen también las actividades de carácter económico y financiero”.
El reto no es fácil. El IOR, fundado en 1942 por Pío XII, siempre se ha visto envuelto en numerosos escándalos financieros internacionales. Juan Pablo II y Benedicto XVI hicieron el amago de emprender una limpieza, pero los poderes fuertes del Vaticano lograron mantener el control. De hecho, los últimos días de Joseph Ratzinger estuvieron marcados por el escándalo provocado por la destitución del anterior presidente, Ettore Gotti Tedeschi, quien —según publicó la prensa italiana hasta que el Vaticano anunció querellas a diestro y siniestro— habría recopilado un gran dossier que incluiría pruebas de irregularidades de todo tipo amparadas en la opacidad del IOR y en la que habrían participado prelados, políticos e incluso mafiosos. Tras la destitución de Tedeschi, Benedicto XVI nombró al armador alemán Ernest von Freyberg, quien ha emprendido una operación de imagen para intentar lavar el nombre de la institución. Pero Francisco prefiere una remodelación total, o incluso un cierre, y no una operación de cirugía estética sobre un cuerpo demasiado corrupto.
Además del cardenal italiano Farina, los otros cuatro miembros de la comisión son el cardenal francés Jean-Louis Tauran, la profesora estadounidense Mary Ann Glendon —mujer y laica, todo un desafío en el Vaticano—, el arzobispo español Juan Ignacio Arrieta —que actuará como coordinador— y monseñor Peter Bryan Wells, un teólogo estadounidense que trabaja como asesor para la Secretaría de Estado. La comisión ha sido creada a través de un motu proprio, una ley promulgada directamente por el Papa, y tendrá libertad para recoger “documentos, datos e informaciones necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Según advierte el documento papal, “el secreto profesional y otras restricciones establecidas por el ordenamiento jurídico no limitarán el acceso de la comisión”.
Fuente: El País
