El Ejecutivo aún no reconoce el suceso y el gobernador acusa a la oposición de buscar réditos políticos con una falsa denuncia
La Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido investigar si es cierto el rumor más escalofriante del fin de semana en el país. Informaciones procedentes de Tumeremo, en el Estado de Bolívar (suroriente), aseguran que unos 28 mineros están desaparecidos desde el viernes. Se teme que hayan sido asesinados por una banda de delincuentes, liderados por un individuo conocido como El Topo, que pretendía ocupar el valioso yacimiento de oro que habían descubierto horas antes en el fundo Atenas, en la vía que comunica con la población de Guasipati. El Ministerio Público ha designado a dos fiscales para que indaguen sobre la veracidad de un hecho que el Gobierno de Nicolás Maduro aún no reconoce.
Tumeremo, a unas 10 horas en coche de Caracas, es parte de la inmensa sabana donde se alzan los tepuyes más famosos del país y también un pueblo sin ley, víctima de la progresiva desaparición del arbitraje del Estado en las relaciones entre los ciudadanos y de la aparente complicidad entre el poder político local y la delincuencia. De acuerdo con los reportes recibidos desde la zona y los diarios locales, los familiares de los 28 desaparecidos iniciaron el sábado una protesta obstaculizando las vías principales de la ciudad y la Troncal 10, la carretera que comunica al poblado con la capital, Caracas, hacia el norte, y con Brasil, hacia el sur.
Los relatos que los familiares de los desaparecidos, que no se identifican por temor a represalias, han brindado a la prensa local algunos indicios para suponer que no se trata de una componenda política, como lo sugirió el gobernador de la provincia, Francisco Rangel Gómez, al desmentir la supuesta matanza. “Hasta el momento las autoridades no han encontrado los cadáveres en los sitios donde los familiares aseguran que fueron enterrados, ni se han recabado indicio alguno de la matanza en el fundo Atenas o en el sector de Hoja de Lata. Pero hay desaparecidos y es un hecho notorio. Son hermanos, hijos y vecinos de las personas que aún mantienen cerrada la principal vía de comunicación”, aseguró el opositor Carlos Chancellor, alcalde del municipio Sifontes, que engloba a Tumeremo,en una conversación telefónica con EL PAÍS.
Los familiares sospechan que se trata de un asesinato cruento y masivo
La extracción de oro por parte de pequeños y grandes comerciantes es la principal actividad en la zona, un oficio que también atrae a brasileños, guyaneses y personas oriundas de otras partes del país. Por lo general son personas que salen a trabajar en la mañana y regresan a su domicilio en la tarde. La preocupación entre los parientes se ha intensificado desde el viernes al comprobar que sus familiares no han vuelto desde el pasado viernes.
Chancellor no ha querido ofrecer una versión siquiera oficiosa de lo ocurrido, pero concede que en las minas mandan los grupos criminales. Quienes sí han hecho suyas las sospechas de un asesinato masivo y cruento, como lo sospechan los familiares a partir de los relatos de supuestos sobrevivientes, son los diputados de la opositora Mesa de la Unidad por la región Américo de Grazia y Andrés Velásquez. De Grazia, por ejemplo, ha publicado en Twitter una lista con los nombres de 17 de los desaparecidos. Velásquez y ha comparado lo ocurrido con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México, en septiembre de 2014.
En la zona son frecuentes los enfrentamientos armados por el control de los yacimientos, pero nunca antes se había reportado una desaparición masiva. En la actual crisis económica venezolana este hecho cobra un significado especial. La explotación industrial de las riquezas auríferas de Venezuela es la nueva obsesión del presidente Maduro para intentar comenzar a diversificar las fuentes de la renta que captura el Estado.
El pasado 24 de febrero el gobernante venezolano activó lo que en la jerga oficial se ha llamado “el motor de la minería”, una orden para cuantificar y certificar las reservas de minerales en el Estado de Bolívar, la provincia más grande del país. Caracas está a la vez buscando el modo de que las grandes compañías transnacionales se animen a explotar esos recursos en el corto plazo. El Gobierno está convencido de que esas inversiones resolverían en el futuro dos problemas: la disminución del flujo de caja que siempre viene aparejado con cada caída del precio del barril de petróleo y la minería artesanal ilegal, escenario de disputas mortales como las que a veces se reseñan en esa agreste zona del país.
En la busca de los minerales también participará el Estado. A principios de febrero se publicó en la Gaceta Oficial la creación de una empresa militar de industrias mineras, petrolíferas y de gas. El anuncio ha causado alarma porque agrega a una burocracia estatal hipertrofiada una carga más.
Alfredo Meza
El País
