Aunque recientes pronunciamientos internacionales, como la proposición no de ley aprobada el martes en el Congreso de los Diputados de España, suelen pedir al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de dirigentes opositores detenidos en cárceles venezolanas, como el del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballo, estos no son los únicos.
Con frecuencia esas menciones explícitas soslayan los nombres de otros prisioneros de conciencia que languidecen en los calabozos de la policía política, de cárceles militares y hasta de penitenciarios para delincuentes comunes en Venezuela. A pesar de que los nombres de muchos de ellos no ocupen primeras planas y la lucha por su libertad no sea tan mediática.
Este miércoles, como parte del conteo que regularmente lleva su organización, el Presidente Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dio a conocer que son 89 las personas que permanecen en prisión por motivos políticos en Venezuela.
De ellas, 43 corresponden todavía al grupo de más de 3.000 detenidos durante las protestas callejeras que asolaron diversas ciudades del país entre febrero y junio de 2014.
El Foro Penal venezolano es una organización no gubernamental constituida en 2004, que agrupa a destacados abogados y activistas. Se especializa en brindar asistencia legal gratuita a víctimas de violaciones de los derechos humanos.
En 2015 han sido liberados 26 detenidos de las protestas de 2014. Los excarcelados con frecuencia quedan en libertad condicional
Según Romero, en lo que va de 2015 han sido liberados 26 de los detenidos en las manifestaciones del año pasado. Sin embargo, los excarcelados con frecuencia quedan en libertad condicional. Así se suman al grupo de 2.006 procesados en libertad por causas políticas, sujetos a un régimen de presentación ante tribunales y, en no pocos casos, bajo medida de prohibición de salida del país.
No todos los presos políticos son del lote de los detenidos durante las protestas de 2014. Cinco presos están encarcelados desde hace meses por difundir, a través de redes sociales, mensajes que los servicios de inteligencia consideraron desestabilizadores.
También permanecen presos desde hace diez años los integrantes del grupo de oficiales de policía a los que la justicia, dominada con riendas cortas por el oficialismo, atribuyó las muertes previas al Golpe de Estado que en 2002 desalojó del poder por 47 horas al entonces presidente Hugo Chávez.
Entre ellos destaca el comisario Iván Simonovis quien, por razones de salud, recientemente recibió el beneficio de casa por cárcel.
Solo dos de los activistas prisioneros, Alexander Tirado y Raúl Baduel, permanecen en cárceles comunes, que están entre las más peligrosas del hemisferio. Baduel es hijo del general del ejército Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa y miembro de la logia militar desde la que, en 1992, el entonces comandante Hugo Chávez —del que era compadre— intentó tomar el poder con un alzamiento en febrero de 1992.
Chávez ordenó poner preso a Baduel padre en 2009, bajo acusaciones de malversación de fondos públicos. Poco antes de eso, el general había roto públicamente sus relaciones con el chavismo gobernante. Hoy sigue en cautiverio en la cárcel militar de Ramo Verde.
El gobierno de Maduro insiste en que todos estos casos corresponden a causas judiciales abiertas por delitos cometidos por los procesados, y no por su militancia política. De allí que sus voceros, incluyendo al propio presidente, echen mano al juego de palabras según el cual en Venezuela no hay “presos políticos” si no “políticos presos”.
