La elección de nuevos gobernadores de provincias debió haberse llevado a cabo desde 2016, pero el Gobierno de Maduro las pospuso
Nicolás Maduro junto a Recep Tayyip Erdogan, en su visita a Turquía. ADEM ALTAN (AFP) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY
El domingo 15 de octubre Venezuela votará a sus nuevos gobernadores de provincias en un evento electoral de categoría local que parece destinado a recomponer el escenario de la crisis política que atraviesa el país. Los comicios debieron tener lugar en 2016, de acuerdo a los plazos dispuestos por la Constitución. Pero el Gobierno de Nicolás Maduro, en vista de su baja popularidad, se valió del control que detenta sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) para posponerlos cuanto pudo. Reprogramadas las elecciones inicialmente para diciembre de este año, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -otro organismo teledirigido por el alto mando chavista- decidió celebrarlas el próximo domingo.
La fecha coincide con un momento en que las negociaciones entre Gobierno y oposición, iniciadas en República Dominicana bajo auspicios internacionales, han caído en punto muerto. Aunque en días recientes el presidente Maduro aseguraba a su par ruso, Vladimir Putin, que los acuerdos con la Mesa de Unidad Democrática (MUD) han avanzado “hasta un 95%”, lo cierto es que la delegación opositora dejó de asistir a las rondas de conversaciones tras fracasar en su intento por obtener del Gobierno un gesto que garantizara su disposición real para la negociación, como lo pudo ser la liberación de los presos políticos.
Washington y la Santa Sede no participan en la mesa de diálogo convocada por el presidente dominicano, Danilo Medina, y el mediador José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, con el aval del Secretario General de Naciones Unidas, pero sí la apoyan tras bambalinas aunque han dejado saber a las partes su preocupación por la falta de logros concretos.
La crisis económica, con sus rasgos de desabastecimiento crónico de productos de consumo masivo, aumento descontrolado de los precios cercano a la hiperinflación y escasez de divisas para el pago de compromisos externos, sigue haciendo mella en la situación social, lo que seguramente tendrá consecuencias políticas. La presión en este flanco se incrementó con las sanciones financieras adoptadas por el Gobierno de Donald Trump, que limitan sustancialmente las posibilidades de Caracas para conseguir dinero fresco. Quedan por calibrar los efectos de las sanciones que, según se prevé, también impondrá la Unión Europea probablemente en noviembre próximo, una vez que las labores diplomáticas superen la solitaria resistencia que Grecia ha planteado ante la iniciativa.
En medio de este panorama de expectación, las venideras elecciones regionales representan una oportunidad de movimiento en la configuración del tablero político. Y no solo por sus eventuales resultados, sino también por la manera en la que se lleven a cabo.
La oposición “institucional”, agrupada en torno a la MUD, tiene frente a sí no sólo la tarea de superar al adversario sino, además, debe lidiar con el desafío sin precedentes de movilizar a un electorado infectado por el desaliento y el escepticismo. La oposición más radical, agrupada en el movimiento disidente Soy Venezuela, favorece la abstención, temiendo que la participación en el proceso signifique el reconocimiento tácito de un régimen que llegó a quedar en jaque durante las protestas de abril y julio, y que el reparto burocrático de gobernaciones y otras canonjías locales contribuya a apagar definitivamente el impulso rebelde.
De acuerdo a recientes estudios de opinión, ocho de cada diez electores que se identifican de “oposición” expresan algún grado de disposición a acudir a las urnas el próximo domingo. Esos mismos estudios muestran una tendencia general de intención de voto por la oposición que duplica a la del oficialismo. Con ello, lucen amplias las probabilidades de que la MUD supere las actuales tres gobernaciones bajo su control y que, incluso, conquiste más de la mitad de las 23 jefaturas en liza.
El Gobierno de Maduro espera capitalizar el repunte de su aprobación, entre 17 y 23% según la empresa Datanálisis, tras las sanciones estadounidenses. Como ello no fuera suficiente, cuenta además con la obediencia del organismo electoral, cuya pulcritud quedó en entredicho tras las elecciones de diputados para la Asamblea Nacional Constituyente. En la contienda, efectuada el 30 de julio, solo participaron candidatos oficialistas. El CNE certificó que ocho millones de personas fueron a sufragar, una cifra superior a la de cualquier votación obtenida por el comandante Hugo Chávez en su momento de mayor popularidad. La empresa Smartmatic dijo desde Londres que en sus cómputos aparecían al menos un millón de votantes menos que en las cifras oficiales.
El Gobierno se ha mostrado dispuesto en los últimos días a usar las triquiñuelas del sistema en su favor. La controversia de las llamadas “sustituciones” en el tarjetón electoral lo acaba de comprobar. La oposición escogió sus candidatos en determinadas regiones mediante elecciones primarias. Sin embargo, el organismo electoral decidió cerrar el diseño de las boletas electrónicas de votación en un plazo anterior a esas primarias. Por lo tanto, en los tarjetones figuran como candidatos los postulados opositores que perdieron en las primarias; el CNE se negó a atender las solicitudes de la oposición para sustituir esas imágenes por la del candidato definitivo. El propósito de la omisión es el de confundir a los electores y erosionar así el caudal de votos que pueda recibir el candidato opositor.
EWALD SCHARFENBERG
Imagen: Reuters
