Los más altos intereses de la Nación deben anteponerse a sesgos ideológicos y odios políticos.
En pleno mediodía de su mandato, enfrenta el Presidente una encrucijada en la que los más altos intereses de la Nación deben anteponerse a sesgos ideológicos, cálculos u odios políticos. Y esto aplica también para la oposición y los distintos sectores del espectro político nacional. Se produjo, como se sabe, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la apertura formal de investigación y la formulación de pliego de cargos contra su campaña del 2022.
Se trata de un paso que ha dado lugar a un intenso debate jurídico sobre la mención de la persona del hoy Presidente de la República en la investigación, en calidad de candidato, y si esto implica o no una violación de su fuero, mas no sobre la facultad del CNE para investigar las cuentas de todas las campañas políticas, como ha ocurrido con otros jefes de Estado en el pasado. Discusión jurídica que en todo caso deberá resolverse, como corresponde, por las vías institucionales.
En ese sentido, vale destacar que el mismo abogado del Presidente ante el CNE, Héctor Carvajal, reconoció en entrevista con este diario que existen múltiples caminos legales para controvertir la apertura de investigación, incluida una acción de tutela que está en trámite en el Consejo de Estado y busca que se declare la integralidad del fuero del jefe del Estado. Por esa vía, seguramente, la discusión terminará en la Corte Constitucional.
En el entretanto lo que procede frente a la investigación en el CNE, basada en indicios que deben ser suficientemente aclarados ante el país, es el ejercicio integral y responsable del derecho a la defensa. Que sea respetado en la investigación formal, que por lo demás está lejos de un cierre y bien podría terminar con una decisión en favor de la campaña. Y si en lo que atañe al Presidente existieran razones para que el proceso avance, este deberá ser remitido, por razón de su fuero constitucional, a las instancias previstas en el Congreso. Todos estos escenarios lo que evidencian es que hay por delante una larga ruta institucional que implica garantías adicionales.
Ante ese contexto, resulta desafortunado, insistimos, que el discurso del Presidente y el de su gobierno sea el de que se está configurando un golpe de Estado, acompañado además con llamados a la calle. Como lo dijimos en este espacio, se necesitan ponderación y sensatez. Pero también realismo. Por eso, todos los sectores, más aquellos que tienen tan alta incidencia en el acontecer nacional, deben cumplir con su responsabilidad histórica y contribuir a disipar el clima de polarización que tanto daño hace a las democracias.
Lo que requiere Colombia hoy es un llamado para que la prudencia se asiente en todos los sectores y para que la arquitectura institucional sea respetada por tirios y troyanos
El momento que vive la Nación es de altísima exigencia. Con una economía que necesita enfocarse en su reactivación, una creciente incertidumbre en materia energética y con los grupos armados golpeando sin misericordia departamentos como Cauca, Norte de Santander y Huila, no pueden el Presidente de la República ni su gobierno distraerse de su misión fundamental: gobernar y dirigir certeramente al país hacia mejores aguas. Las declaraciones en caliente no les sirven al país ni a la intención del Gobierno de sacar adelante las reformas que tramita en el Congreso.
Al respecto, valga mencionar la preocupación el y malestar que generó en amplios sectores del país y en las altas cortes la poco explicada mención del jefe del Estado sobre la elección popular de jueces, un polémico paso que se dio en México y que en opinión de analistas y juristas representa un enorme riesgo para la independencia de la justicia y para la democracia misma. Aquí de nuevo se desandan caminos de entendimiento en los que ya se había avanzado.
Lo que requiere Colombia hoy es un llamado para que la prudencia se asiente en todos sus protagonistas y sectores y para que la arquitectura institucional sea respetada por tirios y troyanos y que la gestión gubernamental no se estanque en el debate político e ideológico. La solidez del Estado se refleja en instituciones cuya historia reciente ha hecho del nuestro un país no fértil para supuestas intentonas golpistas.
Ese fantasma –que en el caso puntual del proceso en el CNE no aplica, además, porque cualquier investigación de fondo y una decisión se tomarían, en el remoto escenario de que así procediera, en la Comisión de Acusación y en las plenarias de Cámara y Senado, como lo ordena la Constitución– no puede seguir siendo un distractor recurrente para la tarea de abocar la solución de los muchos problemas que a diario enfrentan todos los colombianos. Por todo ello, por lo que está en juego, es la hora de pensar primero en el país.
EDITORIAL
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