Los abogados de Uribe guadarán “un silencio prudente” mientras se estudia el fallo
De las chuzadas a los falsos testigos: Álvaro Uribe Vélez, el expresidente que siempre estaba protegido de sus escándalos
Por lo menos una decena de sus aliados durante su Gobierno han ido a la cárcel por ofrecer sobornos para su reelección en 2006, interceptar ilegalmente a la oposición y ejecutar ejecuciones extrajudiciales. Solo esta vez el presidente pasa al banquillo
Desde que salió de la Casa de Nariño, al final de su segundo mandato en 2010, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha seguido desde la trinchera el juicio a varios de sus subalternos. Uribe Vélez pasó buena parte de su administración, las dos campañas presidenciales siguientes y seis años como senador, defendiendo a por lo menos una decena de exfuncionarios de alto nivel que han sido declarados culpables por delitos que cometieron durante su Gobierno y que, de una u otra manera, podrían haber favorecido su proyecto político.
Pero, aunque las faltas le ayudaron a sus planes o banderas políticas, él nunca pasó al banquillo de los acusados sino hasta ahora. Esto, en parte, porque aquellas acusaciones penales se hicieron ante el Congreso, donde casi siempre reina la impunidad en la Comisión que debe investigar a los expresidentes. El caso de falsos testigos es una excepción. Como los hechos ocurrieron cuando Uribe era senador y este renunció a su curul para evitar que lo juzgara la Corte Suprema, el proceso pasó a la justicia ordinaria. En este escenario, la jueza Sandra Heredia determinó que quienes actuaron en nombre del exjefe de Estado para conseguir falsos testimonios, como el abogado Diego Cadena, lo hicieron con su conocimiento: “El señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar”.
Por años, Uribe Vélez ha negado su participación en los distintos escándalos, ha defendido la integridad de sus antiguos colaboradores y ha cuestionado decisiones judiciales adversas. Ahora, al máximo líder de la derecha colombiana, acostumbrado a una defensa constante de sus aliados, le llegó el turno de responder directamente ante la justicia. La jueza Heredia lo declaró culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.
La jueza Sandra Liliana Heredia, el senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe durante la transmisión de la lectura del veredicto en el juicio contra el exmandatario colombiano.
Los escándalos presidenciales
En 2008, cuando estalló el escándalo de la ‘Yidispolítica’ – el ofrecimiento de dádivas a congresistas a cambio de la aprobación de la reforma que logró dar vía libre a su primera reelección – el expresidente negó que su gobierno comprara conciencias. La exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina, reconoció haber recibido el ofrecimiento de cargos públicos como contraprestación por su voto respaldando el proyecto. “El Gobierno persuade, no presiona, ni compra conciencias. El Gobierno respeta el derecho de la participación, pero no tolera la corrupción”, afirmó entonces el expresidente.
La Corte Suprema de Justicia no solo declaró culpable a Medina del delito de cohecho, sino que condenó a tres exfuncionarios de Uribe por formar parte de la ‘Yidispolítica’: el exministro de protección social, Diego Palacio; el exministro del interior y de justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y el exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez. El exmandatario defendió a sus funcionarios y reaccionó cuestionando la credibilidad de los magistrados.
No fue el único caso en el que el líder político puso en duda actuaciones de la justicia. También calificó como infamias las publicaciones periodísticas que profundizaban en los seguimientos e interceptaciones ilegales desde el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –un organismo adscrito a la Presidencia de la República– a magistrados de altas cortes, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. “Nunca di orden, insinué o consideré una opción ilegal, en conversaciones públicas o privadas”, aseguró en 2010.
Entre las personas interceptadas en la operación ilegal de espionaje, que se empezó a revelar en el año 2009, estaba el entonces congresista Gustavo Petro y otros personajes que para la época investigaban la llamada “parapolítica”, las relaciones de políticos con grupos paramilitares, incluido el exsenador Mario Uribe, primo del expresidente. Como jefe de Estado, Uribe fue denunciado por las “chuzadas” ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La acusación contra Uribe Vélez no llegó a resolverse. Sin embargo, entre una veintena de condenas penales figuran las de dos exdirectores del DAS de su Gobierno, señalados de dar directrices para ejecutar los seguimientos e interceptar de manera irregular: Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, sentenciados a 28 y 14 años de cárcel, respectivamente. También fueron condenados el exsecretario jurídico Edmundo del Castillo, el exsecretario de prensa, César Mauricio Velásquez, y el exsecretario general de Palacio, Bernardo Moreno, este último también implicado en la ‘Yidispolítica’.
“Si el Gobierno ordenara el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel, empezando por el Presidente de la República”, dijo Álvaro Uribe para desmarcarse cuando la Fiscalía argumentaba que las interceptaciones las había hecho el DAS, pero se habían ordenado desde la Casa de Nariño. En 2011, el DAS se liquidó para dar paso a la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia.
A las reacciones de defensa del expresidente por hechos que ocurrieron durante su Gobierno se suman las que surgieron ante las revelaciones de los “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes que las fuerzas militares hicieron pasar por guerrilleros entre 2002 y 2008, en tiempos en los que Uribe impulsaba la política de Seguridad Democrática, que buscaba combatir a grupos armados ilegales y recuperar el control territorial.
El País
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El expresidente Álvaro Uribe, en Bogotá, el 27 de octubre de 2019.ANADOLU AGENCY (ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES)
