Un informe de la Asociación Civil Convite –de convidar, ofrecerse voluntariamente para algo, de ayuda mutua– registra en el primer semestre de este año 2023 un total de 157 muertes violentas de personas mayores. No es un dato que ocupe la atención de las autoridades venezolanas. Esta agrupación creada en 2006 integra la amplísima red de organizaciones de ciudadanos que suple en la medida de sus posibilidades la ausencia del Estado. Convite trabaja por la garantía y ejercicio de derechos sociales, por la inclusión y por la participación, por una democracia pluralista y justa. Los términos tampoco forman parte del discurso oficial, teñido por la amenaza y la descalificación.
La violencia y sus diferentes manifestaciones, subraya Convite, son temas prioritarios de salud pública en Venezuela por sus impactos económicos, sociales, culturales, individuales, familiares y sobre todo por la violación de los derechos humanos, principalmente, el derecho a la vida.
La desintegración del Estado solo produce males: inseguridad, deterioro de los servicios públicos, menoscabo de la protección de los derechos humanos. Los más afectados en ese cuadro tipificado de Emergencia Humanitaria Compleja –EHC, las siglas del desgobierno– son los segmentos con mayores vulnerabilidades, y ahí están las personas mayores.
Un tercio de esas 157 muertes violentas, según la documentación de Convite, se produjo por asfixia mecánica, arma blanca, arma de fuego, golpiza y otros, como consecuencia de un robo en la mayoría de los casos que, también mayoritariamente, ocurren en la propia vivienda de la víctima. 15% de las muertes violentas se deben a impericia o negligencia, 48% a accidentes vehiculares, domésticos o laborales y 4% a la acción, omisión y consentimiento de entes estatales. En el total de muertes violentas se incluyen 14 suicidios. 46% de las muertes violentas se concentran en cuatro estados: Aragua, Carabobo, Mérida y Zulia.
Ante la ausencia de información oficial, Convite examinó la sección de sucesos de 62 portales web, nacionales, regionales y locales. A partir de ahí elaboró una base de datos donde consta edad, nombre, género (77% de las víctimas fueron hombres), causa de la muerte, móvil, entidad federal donde ocurrió el hecho, identificación de los victimarios, fecha y nacionalidad de las víctimas.
Es posible que alguna cantidad de episodios donde se hayan producido muertes violentas de mayores hayan quedado sin registro público, por las severas limitaciones de los medios de información, que son menos de los que fueron en la etapa previa a la censura y el bloqueo de estos tiempos, y los que siguen en funciones carecen de los recursos logísticos y de personal de los que algún día dispusieron.
Esta asociación civil también desarrolla proyectos para la creación de espacios de paz dirigidos a jóvenes, líderes comunitarios y activistas; acción humanitaria para brindar respuesta rápida a comunidades afectadas por eventos naturales de magnitud y ConviteSalud para aportar información verificable y relevante sobre el ejercicio del derecho a la salud y la perspectiva del envejecimiento en Venezuela. El Estado…bien, gracias.
Editorial de El Nacional
